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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves 22 de octubre un nuevo proyecto de ley de discapacidad, luego de una extensa negociación política que permitió alcanzar un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría que reflejó el respaldo de buena parte del arco parlamentario, aunque también dejó expuestas diferencias sobre el financiamiento, la aplicación de los derechos y la situación de miles de personas que esperan respuestas del Estado.
La propuesta, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, consiguió media sanción y ahora deberá pasar al Senado para completar su recorrido legislativo. El texto retoma gran parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero introduce una modificación central: busca eliminar el carácter transitorio de esas medidas para convertirlas en disposiciones permanentes, con continuidad más allá de los cambios de gobierno.
El resultado de la votación, informado al cierre de la sesión, fue posible después de que el oficialismo aceptara una serie de modificaciones impulsadas por el presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, y de que Unión por la Patria decidiera sumarse al entendimiento. La negociación se desarrolló en medio de cuestionamientos por el funcionamiento del sistema de prestaciones, las demoras en el otorgamiento de pensiones y las partidas previstas para discapacidad en el Presupuesto nacional de 2027.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad aprobada en Diputados
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que pretende establecer un régimen de protección social permanente para las personas con discapacidad. A diferencia de la legislación de emergencia, cuya vigencia tiene un plazo determinado, el nuevo esquema busca fijar obligaciones estables para el Estado nacional en materia de pensiones, cobertura sanitaria, prestaciones y financiamiento.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, un beneficio fundamental para quienes cumplen las condiciones establecidas por la normativa. El proyecto contempla, además, la posibilidad de compatibilizar la percepción de la pensión con determinados ingresos provenientes de una actividad laboral, con el objetivo de evitar que el acceso a un empleo implique automáticamente la pérdida de la prestación.
Otro punto central está relacionado con el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, que establece valores de referencia para distintos servicios y tratamientos. La iniciativa ratifica el principio de aranceles homogéneos en todo el país y contempla mecanismos de actualización para evitar que los montos queden desfasados frente al aumento de los costos. Este aspecto es especialmente relevante para instituciones, profesionales, centros terapéuticos y familias que dependen de la continuidad de las prestaciones.
El proyecto también aborda la cobertura de salud, el financiamiento del sistema y los mecanismos de auditoría y control. Sin embargo, durante el debate parlamentario distintos legisladores advirtieron que la aprobación de una nueva norma no resolverá por sí sola los problemas existentes si no se garantizan los recursos necesarios para cumplirla.
Es importante señalar que estas disposiciones todavía no entraron en vigencia como nueva legislación. La aprobación en Diputados constituye una media sanción y resta conocer el resultado del tratamiento en la Cámara alta.
El acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo que permitió aprobar el proyecto
El entendimiento legislativo representó uno de los hechos políticos más relevantes de la sesión. El oficialismo había impulsado inicialmente un dictamen para establecer un régimen permanente, mientras que una parte importante de la oposición pretendía prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia declarada por la Ley 27.793.
Las conversaciones encabezadas por Herrera Ahuad permitieron introducir modificaciones en la propuesta original y acercar posiciones entre bancadas que habían mantenido fuertes enfrentamientos por la política nacional de discapacidad.
Durante el tratamiento, la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado destacó el acuerdo parlamentario y afirmó que estaban “haciendo un poco de historia”. La legisladora cordobesa valoró “el inmenso esfuerzo” de Herrera Ahuad para reunir a espacios que, según explicó, mantenían profundas desconfianzas.
Rodríguez Machado también buscó transmitir tranquilidad respecto de las modificaciones que deberían realizarse en el proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar la coherencia entre las partidas presupuestarias y el nuevo régimen de discapacidad.
“Nosotros somos los que definimos lo que va a pasar con el presupuesto en esta Cámara. ¿O a ustedes alguien les indica cómo tienen que votar? Nosotros somos los responsables de lo que salga en el Presupuesto”, sostuvo.
Sus declaraciones estuvieron dirigidas especialmente a quienes manifestaban dudas sobre la posibilidad de que la nueva legislación terminara enfrentándose con restricciones presupuestarias establecidas por el propio Gobierno nacional.
Germán Martínez: “El 75% de la ley de emergencia está contenido en este proyecto”
Desde Unión por la Patria, el presidente del bloque, Germán Martínez, defendió la decisión de acompañar la iniciativa, aunque reconoció que el texto todavía podía mejorarse. Durante su intervención, destacó la importancia de la legislación de emergencia como antecedente del nuevo acuerdo y cuestionó los intentos de descalificarla.
“El 75% de la ley de emergencia está contenido en este proyecto. Así que dejen de bardear la ley de emergencia porque fue un insumo fundamental para esto que estamos discutiendo hoy”, enfatizó el legislador santafesino.
Martínez calificó la iniciativa como “perfectible”, pero sostuvo que el entendimiento alcanzado representaba un avance dentro de las posibilidades que ofrecía la composición parlamentaria.
“Me parece que hoy estamos haciendo una buena tarea y ojalá lo podamos honrar hoy y en el debate del presupuesto”, expresó.
La referencia al Presupuesto 2027 atravesó buena parte de las intervenciones. Para varios diputados, la continuidad de las políticas de discapacidad dependerá tanto de la aprobación definitiva de la norma como de las decisiones que adopte el Congreso respecto de los recursos destinados al sector.
Las 324.303 solicitudes de pensión pendientes, uno de los reclamos más fuertes
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino expuso uno de los datos más sensibles del debate: aseguró que 324.303 personas esperan que el Poder Ejecutivo resuelva sus solicitudes de pensión por discapacidad y que, según sus cifras, solamente 8.000 recibieron el alta.
Marino explicó que el cambio de posición de su bloque respondió a la falta de votos para avanzar con la prórroga de la emergencia, lo que llevó a iniciar conversaciones con organizaciones vinculadas a la discapacidad y con otros sectores parlamentarios.
“Hoy nos levantamos y empezamos a conversar entre diputados y diputadas. Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia”, relató.
En ese contexto, señaló que las organizaciones plantearon la necesidad de negociar modificaciones que permitieran mejorar el dictamen con posibilidades reales de aprobación y evitar retrocesos en los derechos reconocidos por la legislación vigente.
“Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones”, explicó.
El legislador destacó la movilización de las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que reclamaron la sanción de la Ley de Emergencia, cuestionaron el veto presidencial y recurrieron a la Justicia para exigir su cumplimiento.
“Acá hay un problema de fondo: ninguna ley va a superar la situación de emergencia. Para que se supere, Milei tiene que cumplir la ley, porque lo que ratificamos en esta norma ya está contemplado en la Ley de Emergencia”, sostuvo.
Advierten por un recorte del 13,9% para Incluir Salud y el cierre de centros de día
Otro de los puntos que generó fuertes cuestionamientos fue el financiamiento previsto para Incluir Salud, el programa nacional vinculado con la cobertura sanitaria de personas titulares de pensiones no contributivas.
Durante su intervención, Marino advirtió que el proyecto de Presupuesto nacional contempla, según su análisis, un recorte del 13,9% para Incluir Salud, una situación que consideró incompatible con el objetivo de fortalecer la protección social de las personas con discapacidad.
“El presupuesto incluye un recorte del 13,9% para Incluir Salud. Eso no puede ser así”, afirmó.
El diputado también alertó sobre las dificultades que atraviesan las instituciones prestadoras, particularmente los centros de día, que brindan acompañamiento y servicios a personas con discapacidad y sus familias.
“Los centros de día están cerrando porque no están haciendo los estudios de costos que establece la Ley de Emergencia”, denunció.
La actualización de los aranceles del nomenclador fue otro de los reclamos centrales. Los prestadores sostienen desde hace tiempo la necesidad de contar con valores que acompañen los costos reales de funcionamiento, mientras que las organizaciones advierten sobre las consecuencias que podría tener la interrupción de tratamientos, terapias y servicios esenciales.
En ese marco, el debate dejó planteada una cuestión que continuará durante la discusión del Presupuesto: cómo garantizar que los derechos establecidos en la legislación cuenten con los recursos necesarios para convertirse en prestaciones efectivas.
Tolosa Paz destacó los cambios y advirtió que la ley debe cumplirse
La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz celebró que las negociaciones permitieran introducir modificaciones en el dictamen original del oficialismo, al considerar que existían aspectos de la propuesta que no contemplaban derechos fundamentales.
“Desde la oposición escuchamos a las organizaciones, articulamos entre distintos bloques y logramos corregir un dictamen que estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”, afirmó.
La exministra de Desarrollo Social destacó especialmente la participación de organizaciones vinculadas a la discapacidad y la articulación entre distintos bloques parlamentarios para alcanzar una redacción que pudiera reunir un respaldo amplio.
“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, señaló.
Sin embargo, aclaró que la media sanción constituye solamente una etapa dentro de un proceso que deberá continuar con la asignación de recursos y el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales.
“La votación es un paso fundamental”, manifestó, antes de remarcar la necesidad de “seguir peleando para garantizar el presupuesto y que cada uno de estos derechos se cumpla”.
“Ninguna ley sirve si después el Gobierno no la aplica”, concluyó.
Ferraro acompañó la ley, pero lanzó duras críticas contra el Gobierno
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anunció su acompañamiento al dictamen modificado, aunque expresó profundas críticas a la política del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad.
Durante su intervención, reclamó que el Senado avance rápidamente con la sanción definitiva y que el tratamiento no quede condicionado por especulaciones políticas.
Ferraro reconoció el trabajo realizado por Herrera Ahuad y las organizaciones que participaron en las conversaciones, pero aclaró que su decisión de votar favorablemente no significaba un respaldo a la actuación del Poder Ejecutivo.
“Yo voy a acompañar el dictamen con las modificaciones por el excelente trabajo que hizo el diputado Herrera Ahuad, y todo lo que pudieron aportar las diversas organizaciones y familias de personas con discapacidad. Pero desde lo personal no les creo nada”, expresó.
El legislador cuestionó especialmente lo que consideró una falta de sensibilidad por parte de las autoridades nacionales frente a los reclamos del sector.
“No les creo nada porque no han tenido en todo este tiempo ni la mínima ternura, ni la mínima intención de ponerse en el lugar del otro”, agregó.
También apuntó contra el presidente Javier Milei y distintos funcionarios nacionales al sostener que las respuestas llegaron después de años de reclamos.
“Durante estos 3 años, no tuvieron la mínima voluntad de darle una respuesta a las personas con discapacidad”, recriminó.
Natalia de la Sota y la izquierda rechazaron el acuerdo
Pese a la amplia mayoría alcanzada, el proyecto no logró reunir un acompañamiento unánime. Entre las voces que cuestionaron el entendimiento estuvieron la diputada cordobesa Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
De la Sota sostuvo que las organizaciones de personas con discapacidad de Córdoba le habían solicitado impulsar la prórroga de la ley de emergencia y cuestionó que se avanzara con un nuevo régimen sin garantías suficientes sobre su financiamiento.
“Como no hay garantía de que el presupuesto sea modificado y lo que ha habido estos años es maltrato y ajuste, pido que el proyecto vuelva a comisiones y le permita a organizaciones con discapacidad ser parte de esta discusión”, reclamó.
La diputada también objetó el argumento de algunos sectores opositores que justificaron su acompañamiento al dictamen permanente por la falta de votos para sostener la emergencia. En su exposición, insistió en que debía ampliarse la participación de las organizaciones antes de avanzar con la aprobación.
Por su parte, Del Plá adelantó que el Frente de Izquierda no acompañaría la propuesta consensuada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria y los bloques dialoguistas.
“Nosotros no vamos a acompañar este dictamen que han negociado porque no creemos en esta concordia y en esta concertación”, manifestó la legisladora del Partido Obrero.
Del Plá también expresó sus dudas sobre el futuro cumplimiento de la norma por parte del Ejecutivo.
“Hay quienes dicen ojalá que el Gobierno cumpla la ley. Yo no creo en los reyes magos. Seguramente algunas cosas va a cumplir y otras no”, advirtió.
Durante su intervención también hizo referencia al contexto político de las negociaciones y a la visita del Papa, aunque remarcó que, a su entender, la resolución de los problemas del sector dependerá de decisiones concretas de las autoridades.