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El Gobierno nacional anunció ayer que mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, cuyos titulares tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación que justifique la continuidad del beneficio, en el marco de una auditoría que detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones debido a que, según afirmó, no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.
"Esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información para verificarla", explicó.
Las personas alcanzadas por las suspensiones podrán presentar documentación a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y de las oficinas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.