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La Libertad Avanza consiguió junto con bloques aliados firmar en la Cámara de Diputados un dictamen favorable sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se podrá debatir en una sesión que se celebrará el próximo 12 de noviembre. Pero para reunir las firmas debió introducir modificaciones significativas en respuesta a la exigencia de Estados Unidos que busca proteger a sus compañías.
La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Defensa, de Relaciones Exteriores, y Legislación Penal, que presiden los libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán, y Laura Rodríguez Machado.
En la reunión, el oficialismo incorporó cambios para limitar las sanciones a las filiales de las empresas que operen en Malvinas, pero sin tener una participación relevante, en sintonía con una propuesta de Estados Unidos, y creó, como pedía la oposición, la comisión Bicameral de Seguimiento.
Las concesiones las llevó adelante la diputada Silvana Giudici, quien actuó como nexo entre el Ejecutivo y el Congreso para encauzar y plasmar en el proyecto las demandas de Washington, y a la vez intercambió borradores con bloques aliados para incorporar sucesivos retoques al texto.
El despacho de mayoría reunió 60 firmas que fueron aportados por la Libertad Avanza, PRO; la UCR, y los integrantes de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, y José Núñez, y en disidencia parcial el santafesino Pablo Farías, los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.
En tanto, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 firmas, en el que cuestionó en duros términos las concesiones realizadas en el título I, que delimitan el alcance de las sanciones contra empresas extrajeras.
También la exlibertaria Lourdes Arrieta presentó uno en minoría, al igual que Esteban Paulón en conjunto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, y la legisladora de izquierda, Myriam Bregman.
Libertad de prensa
Aunque el oficialismo introdujo cambios en el capítulo sobre injerencia extranjera, persisten dudas sobre el artículo referido a campañas de desinformación. La redacción original contemplaba penas de hasta 12 años de prisión y fue cuestionada por su posible impacto sobre la libertad de expresión.
El nuevo texto eliminó algunas fórmulas ambiguas, pero aliados y opositores todavía reclaman mayores precisiones.
Incluso en La Libertad Avanza admiten que, tal como está, ese tramo no tendría respaldo suficiente en el recinto. Por eso, el oficialismo prevé seguir retocando la redacción antes del debate del 12 de noviembre para intentar garantizar apoyos.