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Argentina recurrirá la próxima semana al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para pedir medidas cautelares contra el Reino Unido y frenar las actividades hidrocarburíferas en aguas de las Islas Malvinas. La presentación se hará en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el régimen jurídico internacional que regula el uso de los mares y océanos.
El Gobierno ya había iniciado el procedimiento el 28 de septiembre, cuando el canciller Pablo Quirno notificó formalmente al Reino Unido el comienzo de un arbitraje internacional. En esa comunicación le dio un plazo de dos semanas para adoptar medidas que impidieran el inicio o la continuidad de actividades destinadas a explotar recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental que Argentina reclama como propia. Ese plazo vence el lunes próximo.
Si Londres no modifica su posición, la Argentina avanzará con el pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Ese tribunal, integrado por 21 jueces, fue creado por la Convemar y resuelve controversias vinculadas con el derecho marítimo. Sus decisiones son obligatorias para los Estados que forman parte de la Convención.
El reclamo argentino
El reclamo argentino apunta al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, donde las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper anunciaron planes para comenzar a extraer crudo en 2028. El Gobierno sostiene que se trata de una explotación unilateral de recursos no renovables en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
La presentación no buscará que el tribunal resuelva la cuestión de soberanía sobre las Malvinas. Ese punto excede su competencia. Lo que Argentina pretende es que se analice si una de las partes puede avanzar por sí sola en la explotación de recursos de una plataforma continental controvertida.
La Convemar establece las reglas sobre mares territoriales, zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, mientras que el Tribunal del Mar actúa como instancia judicial para interpretar y aplicar esas normas. Argentina ya recurrió a ese mecanismo en 2012, cuando obtuvo la liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana.