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Evasión de impuestos, corrupción en las fronteras, lavado de dinero, control de barrios y financiamiento del terrorismo. El comercio ilegal de cigarrillos reúne una cadena de riesgos que comienza mucho antes de que un paquete llegue a manos del consumidor. Su circulación puede sostener estructuras que transportan distintas mercancías, aprovechan los mismos canales de distribución y convierten las ventas cotidianas en recursos para expandir su poder.
Esa fue una de las principales advertencias del panel sobre comercio ilícito realizado durante Technovation, el evento organizado por Philip Morris International en Buenos Aires. Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers; Carlos Matienzo, director de Dataint, y Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior de Chile, analizaron, bajo la moderación del periodista Rodrigo Alegre, cómo el contrabando se integra con otras actividades del crimen organizado.
Los especialistas describieron organizaciones que diversifican sus negocios y comparten rutas, infraestructura, mecanismos de corrupción y circuitos financieros. Dentro de ese esquema, el cigarrillo ilegal tiene un papel estratégico: aporta un flujo constante de efectivo y permite aprovechar redes de comercialización que ya están instaladas en distintos territorios.
La discusión incluyó referencias al contrabando de vapeadores en Brasil, al Primer Comando de la Capital (PCC) y a las redes de financiamiento de Hezbollah en la Triple Frontera. Los expositores presentaron esos casos como expresiones de un mismo fenómeno: la conexión entre mercados ilegales, organizaciones criminales y estructuras que utilizan sus ganancias para financiar otras operaciones.
Pérdida millonaria
Las dimensiones del mercado ayudan a entender por qué el tabaco ocupa un lugar en esa economía. Un estudio elaborado por KPMG, encargado por Philip Morris Products S.A. y publicado en abril de 2026, estimó que durante 2025 se consumieron 77.000 millones de cigarrillos ilícitos en diez países de América Latina y Canadá.
Ese volumen representó el 31,9% del consumo total de los mercados analizados, con una pérdida estimada de US$8.500 millones en ingresos fiscales durante ese año. La identificación de quien encargó el informe permite situar las cifras: se trata de estimaciones de un estudio financiado por una empresa del sector tabacalero.
El mapa muestra diferencias importantes. El relevamiento ubicó la participación ilícita cerca del 89% en Panamá, del 84% en Ecuador y del 58% en Chile. Para Argentina estimó un 10,7%, la proporción más baja de la muestra, relativamente estable alrededor del 10% al 11% entre 2021 y 2025.
La pérdida tributaria es una consecuencia visible, pero el planteo de los panelistas avanzó sobre el destino de las ganancias. Cuando el negocio está controlado por una organización delictiva, el dinero obtenido puede sostener su logística, ampliar su distribución y fortalecer su capacidad para intervenir en otros mercados.
Negocios conectados
Campos sostuvo que las categorías tradicionales utilizadas para describir al crimen organizado transnacional resultan insuficientes frente a la forma en que operan estas estructuras. Su análisis apuntó a un modelo de corporación criminal, con actividades que convergen y recursos que se utilizan para distintos delitos.
En esa descripción, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y el contrabando de mercancías pueden compartir rutas, zonas libres, infraestructura portuaria y esquemas de corrupción. El producto transportado cambia; los mecanismos que permiten moverlo y protegerlo pueden mantenerse.
El cigarrillo se incorpora así a una cartera de negocios. Para la organización que controla el circuito, representa una fuente de ingresos que se suma a otras y contribuye a sostener su funcionamiento.
Campos también describió una dimensión territorial. Según explicó, las bandas locales pueden utilizar las redes de distribución del microtráfico para colocar mercancías de contrabando. La venta de tabaco pasa entonces a formar parte de una economía ilegal asentada en barrios y puntos fronterizos, donde las organizaciones imponen sus propias condiciones.
Ese control les permite organizar la distribución y asegurar una recaudación frecuente. La relación con el consumidor se produce en el último eslabón de una cadena cuya conducción puede estar lejos del lugar donde se vende el paquete.
El especialista recordó los antecedentes de Pablo Escobar en el contrabando de tabaco y alcohol, y el crecimiento de Al Capone durante la prohibición en Estados Unidos. Los utilizó para señalar que la diversificación de ingresos tiene una larga historia dentro de las organizaciones criminales.
Frontera sensible
Uno de los aspectos más graves abordados durante el panel fue la relación entre comercio ilícito y financiamiento del terrorismo. Campos señaló que estructuras financieras vinculadas con Hezbollah recurrieron históricamente al contrabando de cigarrillos en la Triple Frontera para reunir fondos destinados a sus actividades.
La referencia ubicó al mercado ilegal del tabaco dentro de una trama que puede conectar operaciones comerciales clandestinas en Sudamérica con organizaciones que actúan en otras regiones del mundo.
El problema, según el enfoque expuesto, es la capacidad de transformar numerosas ventas en un flujo de recursos que luego puede ocultarse, transferirse o incorporarse a otros circuitos. Esa recaudación dispersa obliga a investigar la relación entre proveedores, intermediarios y administradores del dinero.
La Triple Frontera apareció en el debate como un espacio relevante para comprender esos movimientos. La advertencia de Campos apuntó a redes específicas de financiamiento y contrabando, cuya identificación requiere seguir las operaciones y establecer quiénes reciben sus beneficios.
Vapeadores brasileños
Los panelistas también mencionaron el caso brasileño conocido como Operación Trapiche. En su exposición, vincularon el contrabando de vapeadores con estructuras relacionadas con la preparación de actos terroristas y señalaron la participación del PCC en ese mercado ilegal.
La referencia amplió el foco del debate: las organizaciones pueden incorporar nuevos productos a circuitos clandestinos ya existentes. Los cigarrillos electrónicos aparecen, en ese análisis, como otra mercancía capaz de generar ganancias mediante redes de abastecimiento y distribución ilegal.
El caso fue presentado como un ejemplo de convergencia entre actores con objetivos diferentes. Una estructura puede aportar control territorial o capacidad logística; otra, contactos, intermediarios o mecanismos financieros. Esa cooperación permite que las ganancias de un mercado alimenten operaciones que exceden la venta del producto.
Lo expuesto sobre Brasil y Hezbollah llevó la discusión hacia una pregunta central: qué ocurre con el dinero después de la comercialización. Una incautación permite retirar mercancía y documentar una operación, pero la dimensión financiera puede revelar conexiones que permanecen fuera del alcance de un control sobre la carga.
Espacios ocupados
Galli analizó el crecimiento del comercio ilegal en Chile a partir del estallido social de 2019 y la pandemia. Según su interpretación, ambos procesos debilitaron la capacidad de control del Estado y favorecieron una mayor tolerancia social hacia la informalidad.
El exfuncionario relacionó esa combinación con la expansión del mercado ilícito de cigarrillos. Su argumento fue que las organizaciones aprovechan los espacios que quedan sin control y, una vez instaladas, consolidan redes cuya remoción resulta compleja.
La advertencia tiene implicancias institucionales. Un circuito ilegal que mantiene proveedores, transporte y puntos de venta puede continuar funcionando después de perder una carga. La persistencia del negocio depende de la estructura que asegura el abastecimiento y administra sus recursos.
Desde esa perspectiva, recuperar el control exige actuar sobre la organización y sostener la presencia estatal. Los operativos aislados pueden afectar transacciones concretas, mientras la red conserva capacidad para reponer mercadería y reorganizar su distribución.
Mercado capturado
Matienzo describió en México organizaciones que avanzan sobre actividades de la economía formal y combinan distintos mecanismos para obtener ingresos. Entre los casos expuestos mencionó el “huachicol fiscal”, basado en el ingreso de combustible bajo declaraciones falsas, como si se tratara de aceites o lubricantes, para eludir obligaciones tributarias.
El ejemplo mostró cómo una operación ilegal puede utilizar infraestructura comercial y documentación para circular dentro de canales aparentemente regulares. La frontera entre economía formal e ilegal se vuelve más difícil de identificar cuando las redes recurren a empresas, depósitos y servicios de transporte.
El director de Dataint también sostuvo que la prohibición de vapeadores en México favoreció la captura de ese mercado por el crimen organizado. Según su exposición, la comercialización clandestina de esos dispositivos puede utilizarse para cooptar y reclutar jóvenes en zonas marginadas.
Se trata de la interpretación del especialista sobre los efectos de esa política. Su planteo vinculó las restricciones regulatorias con la capacidad efectiva del Estado para controlar la oferta clandestina y evitar que las organizaciones se apropien del negocio.
Dinero digital
La diversificación también alcanza los mecanismos utilizados para mover las ganancias. Campos advirtió sobre el uso de activos digitales y billeteras frías, herramientas que plantean dificultades técnicas e institucionales para la persecución financiera.
El desafío descrito es seguir fondos que pueden cambiar de soporte y atravesar distintas jurisdicciones. Investigar la mercadería permite reconstruir una parte del circuito; identificar las transferencias y a sus beneficiarios abre otra dimensión de la misma organización.
Los expositores señalaron, además, que las empresas de la economía formal necesitan reforzar sus controles para evitar que sus servicios sean utilizados por redes delictivas. Transporte, almacenamiento y operaciones financieras aparecen como puntos sensibles cuando el comercio ilegal busca aprovechar infraestructura legítima.
El panel coincidió en la necesidad de combinar inteligencia financiera, fortalecimiento institucional, desarrollo social y coordinación regional. El alcance transfronterizo de las redes obliga a conectar información que suele quedar distribuida entre distintos organismos y países.
La pregunta que dejó el debate va más allá de cuántos cigarrillos pueden secuestrarse en un procedimiento. También importa quién financió la carga, quién organizó su traslado, quién garantizó su distribución y adónde iban a llegar las ganancias. En esas respuestas se encuentra la posibilidad de afectar el poder de una organización que puede perder mercadería y, aun así, conservar intacto su negocio.