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Desde las 15, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezará una reunión con el denominado "grupo de los 44", la mayoría circunstancial que permitió al Gobierno aprobar el Presupuesto. El encuentro se realizará en las oficinas de la bancada radical y Bullrich llevará las respuestas del Ejecutivo a los reclamos formulados por los aliados y por varios gobernadores, con foco en el capítulo fiscal.
Aunque el oficialismo tiene garantizados los votos para la aprobación en general, necesita asegurar el acompañamiento artículo por artículo, especialmente en los puntos que el Gobierno considera el corazón de la reforma para promover el empleo registrado. Entre los ejes sensibles aparece la ultraactividad de los convenios colectivos, un tema que genera resistencia entre los dialoguistas por su impacto en la negociación laboral y la seguridad jurídica.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales que rechazan una reducción de impuestos que afecte la coparticipación y los recursos propios. Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich está dispuesta a negociar cambios "hasta el último minuto", pero busca blindar los artículos centrales para evitar sorpresas durante la votación.
El encuentro contará con la participación de los jefes de bloque Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Martín Goerling Lara (PRO), Flavia Royon (Primero Los Salteños), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas) y los senadores José Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz). La Casa Rosada necesita sostener esa coalición: LLA tiene 21 senadores propios y debe sumar al PRO, al radicalismo y a los bloques provinciales para alcanzar 37 bancas, el número necesario para abrir la sesión y aprobar en general y en particular.
Uno de los focos de mayor tensión es la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, del 35% al 31,5%. Las provincias advierten que el cambio podría restarles hasta 3 billones de pesos, por lo que reclaman mecanismos de compensación. Desde el Ejecutivo analizan alternativas para morigerar el impacto, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida como incentivo a la inversión y al empleo, y afirmó que su efecto recién se vería en 2027, con un costo fiscal estimado en 1,5 billones de pesos.
Otro punto conflictivo es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte del 3% de las contribuciones patronales hoy destinadas a la Anses para cubrir indemnizaciones por despido. En las tratativas se discute limitar su uso a pymes y excluir a grandes empresas. Además, el capítulo fiscal incluye la rebaja de aportes patronales —con impacto en el sistema previsional— y cambios en impuestos internos sobre autos, embarcaciones, aviones y bienes suntuarios, aspectos que seguirán en negociación hasta el cierre de la votación.