inicia sesión o regístrate.
Tras su gira por Europa, el presidente Javier Milei regresó ayer al país y volvió a centrar su discurso en la confrontación con el periodismo, mientras evitó referirse a las investigaciones judiciales que involucran a su Gobierno. A través de redes sociales, el mandatario lanzó duras críticas contra los comunicadores, a quienes acusó de ser "cómplices de un delito de lesa humanidad" por su postura durante la pandemia.
El ataque se da en paralelo al avance de la causa vinculada al criptoactivo $Libra, en la que Milei, su hermana Karina Milei y el empresario Mauricio Novelli aparecen bajo investigación por presuntas irregularidades financieras. Pese a la repercusión del caso, el Presidente no hizo ninguna mención pública al tema y desde el oficialismo buscan mantenerlo fuera de agenda.
A este escenario se suma la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, también bajo cuestionamientos, aunque con respaldo explícito de la Casa Rosada
En Balcarce 50 admiten que la estrategia es retomar la iniciativa política con eje en la denominada "batalla cultural", en un intento por desplazar el foco de las causas judiciales que avanzan en Comodoro Py.
El Gobierno busca reordenar su agenda legislativa. Entre los proyectos que intentará impulsar en el Congreso figuran la ley de Glaciares, reformas sobre la propiedad privada, cambios en discapacidad y financiamiento universitario, además de un nuevo Código Penal.
Con una semana corta por la inactividad del 23 y el 24 de marzo, el oficialismo apuesta a recuperar el control del escenario político desde el próximo miércoles, en medio de tensiones que combinan las causas judiciales, internas y una renovada ofensiva discursiva contra los medios.
Fondo para las FFAA
El Gobierno nacional evalúa destinar el 10% de lo recaudado por la venta de activos del Estado a un fondo para reequipar a las Fuerzas Armadas. La iniciativa, que podría instrumentarse por decreto, forma parte de la reforma del Estado prevista para 2026.
El plan apunta a financiar compras militares con ingresos de privatizaciones y venta de inmuebles públicos. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que existen dudas legales sobre su implementación, ya que la ley exige que los fondos con asignación específica sean aprobados por el Congreso. La propuesta se suma a programas en marcha como la compra de F-16 y vehículos Stryker, y podría reunir entre US$1500 y US$3000 millones.