inicia sesión o regístrate.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) aseguró que la atención a sus afiliados se mantiene con normalidad en todo el país, en medio del conflicto generado por el paro de médicos de cabecera que también tuvo impacto en Salta. El director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, llevó tranquilidad a los beneficiarios y afirmó que no hay interrupciones en las prestaciones.
“Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación, en todas las áreas que tiene el instituto, sigue en forma normal”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, explicó que las dificultades registradas en los últimos días se debieron a un “incumplimiento de contrato que ha tenido muy baja adhesión y que hoy está normalizado”, en referencia a la medida de fuerza impulsada por profesionales en rechazo a cambios en el sistema de remuneración.
El conflicto se originó a partir de la implementación de la Resolución 1107/2026, que establece un esquema de cápita fija de 2.100 pesos por paciente y elimina adicionales por prestaciones. Los médicos calificaron la medida como un “recorte salarial encubierto” y realizaron un paro de 72 horas en todo el país. Sin embargo, Leguízamo rechazó esa interpretación y defendió el nuevo modelo: “En el esquema anterior el monto por cápita era de 900 pesos y lo pasamos a 2.100 pesos, un 120%”, explicó, y agregó que bajo esta modalidad los profesionales perciben en promedio 1,5 millones de pesos mensuales.
El titular del PAMI también fue contundente al referirse a la naturaleza del reclamo. Aclaró que los médicos de cabecera no son empleados en relación de dependencia, sino que mantienen contratos de locación de servicios, por lo que consideró que la medida de fuerza constituye un incumplimiento contractual. “No es un paro porque no son relación de dependencia”, señaló. En ese marco, confirmó que el organismo ya avanzó con sanciones: “Ha habido baja de contratos, hemos mandado carta documento”, indicó, sin descartar nuevas medidas contra quienes adhirieron a la protesta.
Pese al conflicto, el funcionario garantizó la continuidad total de la cobertura, incluyendo la provisión de medicamentos. “La atención y la provisión de medicamentos están totalmente aseguradas”, remarcó. No obstante, reconoció limitaciones en el funcionamiento del organismo y realizó una autocrítica al calificar la calidad del servicio con un “seis”, admitiendo que pueden existir fallas en la atención.
En paralelo, Leguízamo se refirió a la situación financiera del PAMI y reconoció retrasos en los pagos a municipios y provincias, entre ellos algunos casos como el de Córdoba. Indicó que el organismo ya comenzó a cancelar deudas, con pagos por aproximadamente 500.000 millones de pesos durante marzo, y que prevé regularizar las obligaciones pendientes de manera escalonada a lo largo de abril.
El director explicó que uno de los factores que impacta en las cuentas del instituto es el crecimiento del padrón de afiliados, producto de las moratorias previsionales. Según detalló, estos procesos incorporaron cerca de dos millones de personas sin aportes previos al sistema. “Es un desfinanciamiento de personas que ingresaron sin haber hecho sus aportes”, afirmó, aunque aclaró que esta situación no afecta la cobertura, que continúa siendo del 100% para todos los afiliados.
Finalmente, Leguízamo aseguró que el PAMI está reforzando los controles internos mediante auditorías para evitar irregularidades en la facturación de prestaciones. Según indicó, en el esquema anterior se detectaron “muchísimos desvíos”, con servicios que se facturaban sin haberse realizado, lo que motivó la implementación del nuevo sistema de cápita.