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La red vial argentina entra en una nueva etapa. En un contexto donde el mantenimiento de rutas se volvió un desafío creciente, el Gobierno nacional avanzó con un esquema que busca reordenar la gestión de la infraestructura y trasladar parte de esa responsabilidad a las provincias. La decisión abre la puerta a un modelo donde los distritos tendrán mayor protagonismo en la ejecución de obras y en la relación con el sector privado.
A través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, la Nación otorgó a nueve provincias la posibilidad de gestionar, administrar y concesionar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida incluye la facultad de licitar obras públicas bajo el sistema de peajes, permitiendo la participación de empresas privadas, mixtas o incluso entes públicos.
Las provincias alcanzadas en esta primera etapa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Según el texto oficial, el objetivo es descentralizar funciones operativas y mejorar la eficiencia en el mantenimiento, reparación y conservación de los corredores viales.
Uno de los puntos centrales del decreto es que la delegación será de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que implica que las provincias no asumirán la titularidad de las rutas. De hecho, la normativa es clara: el Estado nacional mantiene la propiedad y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.
En ese marco, se establece que los contratos de concesión no podrán superar los 30 años, contados desde su aprobación. Este plazo busca dar previsibilidad a las inversiones sin perder el control estatal sobre los activos estratégicos.
Para avanzar en la implementación, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir y el plan de obras correspondiente. Estos acuerdos deberán respetar principios clave como la publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero, condiciones que apuntan a evitar distorsiones en el sistema de peajes.
El esquema también contempla un control centralizado: el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión técnica y contractual de las concesiones.
Otro aspecto relevante es el plazo para poner en marcha el sistema. Si una provincia no llama a licitación dentro del primer año desde la firma del convenio, la delegación caducará automáticamente para ese tramo. Este punto introduce una presión concreta para que los proyectos no queden en instancias administrativas sin ejecución.
Aunque por ahora la medida no incluye a Salta ni a otras provincias del norte, el nuevo modelo abre interrogantes sobre una eventual ampliación. En distritos donde las rutas nacionales son clave para la producción y la conectividad, el esquema podría implicar cambios en los costos de circulación, nuevas obras y una mayor participación local en la toma de decisiones.
El desafío, hacia adelante, será equilibrar la necesidad de financiamiento con el impacto en los usuarios. La implementación efectiva de los peajes y el cumplimiento de los estándares fijados por la Nación serán determinantes para evaluar si este giro en la política vial logra traducirse en rutas en mejores condiciones y con mayor previsibilidad para quienes las transitan a diario.