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El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar de manera sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de cuestionamientos por la falta de aplicación de la normativa vigente, incluso tras fallos judiciales. La iniciativa, titulada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", ingresó por el Senado y abre un nuevo frente político por el alcance de los cambios.
El texto plantea la derogación de artículos centrales de la Ley 27.793, lo que implica un giro hacia un sistema más restrictivo, con foco en la invalidez laboral como criterio principal. En la práctica, se busca dejar atrás el modelo ampliado que había incorporado una definición más integral de discapacidad y mayor cobertura.
Uno de los puntos clave es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas. Los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. El incumplimiento de este requisito implicará la suspensión automática y posterior baja del beneficio, establece el proyecto.
La iniciativa también introduce un sistema de control más riguroso a través del cruce de datos entre organismos como Anses ARCA y Sintys. Ante cualquier inconsistencia detectada, se habilita la suspensión preventiva de la pensión.
En materia económica, el proyecto fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o por residir en zonas desfavorables.
Otro de los cambios más sensibles está vinculado al empleo. La norma establece la incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y cualquier trabajo formal registrado. Esto implica que una persona con discapacidad no podrá mantener el beneficio si accede a un empleo en blanco, eliminando uno de los esquemas de inclusión vigentes. Además, se suprimen incentivos y programas destinados a promover la contratación de personas con discapacidad en el sector privado.
El proyecto también modifica el esquema de financiamiento y organización del sistema. Se habilita la firma de convenios entre Nación, provincias y CABA para administrar y distribuir los fondos, lo que en la práctica desregula la fijación de aranceles y elimina el nomenclador único de prestaciones.
El ingreso del proyecto por el Senado responde a una estrategia del oficialismo, que considera más viable construir mayorías en esa Cámara. Sin embargo, se anticipa un debate intenso ya que la iniciativa también llega en un contexto político atravesado por cuestionamientos a la política social y por la reciente reestructuración del área de discapacidad. De aprobarse, implicará una transformación estructural del sistema de discapacidad, con mayores controles, nuevas exigencias para los beneficiarios y un acceso más limitado a las prestaciones, lo que podría redefinir el alcance de la asistencia estatal al sector.
El oficialismo va por la ley universitaria
El oficialismo busca reflotar en Diputados un proyecto para modificar la ley de financiamiento universitario, en paralelo a la decisión de acudir a la Corte Suprema para evitar cumplir con los fallos que lo obligan a actualizar partidas. La iniciativa apunta a reducir el impacto fiscal de la norma vigente y evitar un desembolso estimado en $2,5 billones a las universidades.
El proyecto ya había sido presentado durante las sesiones extraordinarias de febrero, pero no avanzó por falta de consensos. Ahora, con dos fallos judiciales en contra que ordenan cumplir la Ley 27.795, el Gobierno intenta reactivar la vía legislativa para modificar la norma sin derogarla.
El eje del conflicto es la actualización de salarios docentes y no docentes, así como los gastos de funcionamiento. Mientras la ley vigente obliga a reconocer la pérdida por inflación desde diciembre de 2023, el proyecto oficial solo contempla recomponer parcialmente los haberes de 2025 en tres tramos. También introduce cambios en el financiamiento de programas clave, como hospitales universitarios y ciencia y técnica. A diferencia de la ley actual, no reconoce la pérdida acumulada en 2024 y establece ajustes solo si la inflación supera el 14,5% anual previsto en el presupuesto.
La iniciativa suma además una partida de poco más de $80.000 millones para el sistema de salud universitario. Sin embargo, el proyecto no logró respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y enfrenta un escenario más adverso tras los fallos judiciales favorables a las universidades.
En el oficialismo reconocen que ahora será más difícil avanzar con la reforma, en medio de tensiones internas y la necesidad de reunir apoyos para evitar un impacto fiscal que consideran crítico.
Inician análisis de la Ley Hojarasca
La Cámara de Diputados activará hoy el tratamiento de la Ley Hojarasca en comisión, pero no llevará el proyecto al recinto mañana, como había trascendido. La Libertad Avanza decidió no convocar a sesión esta semana para avanzar con la ley impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hoy a las 15 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, donde expondrán funcionarios del Ejecutivo. Tras la ronda de consultas, los titulares de las comisiones tienen previsto pasar el dictamen a la firma.