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Con contundencia, el Gobierno nacional ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, usurpadas de facto por Gran Bretaña en 1833. El tema surgió inesperadamente, a raíz de un documento interno elaborado por el Pentágono para sugerir al presidente Donald Trump mecanismos de presión sobre los países europeos que retacearon apoyo a la estrategia bélica norteamericana contra Irán. Entre las sugerencias, se incluye la de desconocer la legitimidad de la presencia británica en el Atlántico sur y la de España en las ciudades africanas de Ceuta y Melilla, reclamadas por Marruecos.
Aunque el Departamento de Estado informó que la posición de los Estados Unidos sobre las islas del Atlántico sur "sigue siendo de neutralidad constante", el episodio muestra la magnitud de la crisis en el vínculo secular entre ambas potencias.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y la jefa del Foreign Office, Yvette Cooper, ratificaron la posición británica, y reiteraron el derecho a la autodeterminación de los kelpers. Para los argentinos, es casi unánime la certeza de que los archipiélagos del Atlántico sur forman parte de nuestra plataforma marítima y, por razones históricas, geográficas y de Derecho Internacional, la soberanía nacional es indiscutible. El presidente Javier Milei enfatizó en que "las Malvinas fueron, son y serán argentinas". Por su parte, el canciller Pablo Quirno destacó que los archipiélagos fueron ocupados por la fuerza hace casi doscientos años, desplazando a la población argentina de entonces. Era la época en que Gran Bretaña se expandía como la principal potencia marítima y colonial del mundo; nuestro país, recién independizado, estaba enfrascado en su organización nacional.
Quirno volvió a rechazar el "principio de autodeterminación de los kelpers, aseverando que son un pueblo inglés implantado y que, en esas condiciones, ningún referéndum sobre soberanía es válido.
El Atlántico sur es un punto estratégico y un objeto de interés de todas las potencias. La proyección sobre la Antártida otorga a nuestras islas el carácter de enclave para la navegación comercial y militar, además del acceso a recursos naturales, cada vez más valiosos a partir de los cambios que se van produciendo en la geopolítica planetaria.
Concretamente, el canciller Quino denunció el mismo viernes la exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables. El funcionario puso el acento en la decisión anunciada por "las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp" para extraer hidrocarburos en el subsuelo marítimo argentino.
No solo nuestro país sabe que los derechos argentinos sobre toda esa región son incuestionables, salvo por la fuerza o, en todo caso, con argumentos falaces. También lo sabe el Foreing Office británico, según consta en muchos documentos internos, que reconocen que el poder que ellos ejercen sobre las islas es fáctico, por la imposición de la fuerza.
En 1982, cuando el gobierno militar recuperó las Islas Malvinas desafiando a la Armada británica, sólo contó con el apoyo político de casi todos los países sudamericanos y la generosa propuesta de apoyo militar de Perú.
La crisis entre Donald Trump y los europeos, así como su proyecto de convertir el continente americano en el área bajo control estadounidense, no garantizan, de ningún modo, la recuperación de nuestras tierras australes.
El escenario, por supuesto, es diferente, pero nuestro país tiene por delante mucho trabajo y muchas decisiones políticas para el ejercicio del poder soberano sobre todo su territorio. El camino de la guerra es una utopía, y la peor de las soluciones. El verdadero sendero es una diplomacia firme que defienda los derechos nacionales, una estrategia inteligente para la inserción del país en un mundo globalizado y gobiernos que, más allá de las diferencias políticas, entiendan que el desarrollo es una cuestión de Estado, porque no solo garantiza la calidad de vida de los pueblos sino el posicionamiento de nuestra Nación en el mundo.