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El juez federal Ariel Lijo concentrará en su juzgado las tres denuncias presentadas por los créditos hipotecarios millonarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios y diputados del oficialismo. Las presentaciones, radicadas inicialmente en distintos tribunales de Comodoro Py, quedarán unificadas por conexidad bajo su órbita, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
La investigación apunta a préstamos que, en conjunto, rondan los 2.500 millones de pesos y que podrían haber implicado delitos como fraude al Estado, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La primera denuncia, presentada tras conocerse los créditos de hasta 400 millones de pesos, solicita determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento, condiciones preferenciales o excepciones a las normas vigentes.
La segunda, ingresada por sorteo en otro juzgado, refuerza esos cuestionamientos y pone el foco en un posible perjuicio económico para el Estado.
La tercera, impulsada por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, agrega la hipótesis de tráfico de influencias, al señalar una eventual desproporción entre los ingresos de los beneficiarios y los montos otorgados, además de un posible relajamiento de controles en el proceso.
Con la unificación de las causas, Lijo suma un nuevo expediente sensible para el oficialismo. El magistrado ya tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y además subroga el Juzgado Federal 11, donde tramita la causa ANDIS, que derivó en el procesamiento del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.