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La diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), denunció al presidente Javier Milei por presunto "encubrimiento" de delitos tras una entrevista que el mandatario concedió este jueves en un canal de streaming. Según la legisladora, Milei habría incumplido su deber como funcionario público al no denunciar dos hechos que él mismo relató en el reportaje.
El primer episodio se refiere a la afirmación de Milei sobre la victoria de Manuel Adorni en las elecciones porteñas de medio término, tras la cual aseguró que se intentó un golpe de Estado contra su gobierno. Pagano sostuvo que este comentario "configuraría prima facie el delito de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática" previsto en el Código Penal.
El segundo hecho denunciado involucra un intento de coima por parte de un empresario. Pagano indicó que, tal como lo relató Milei, la conducta del empresario encuadraría en el delito de cohecho activo, con agravantes si la oferta se dirigió a un presidente en funciones.
El Tesla de Musk
En paralelo, diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron un pedido de informes sobre todos los regalos, obsequios y beneficios que Milei recibió desde que asumió, tras su confesión pública de haber pedido un Tesla a Elon Musk "para Argentina".
El proyecto, impulsado por Juan Marino, Pablo Todero, Christian Zulli y otros legisladores, busca conocer cómo fueron registrados los obsequios y si alguno pudo configurar una infracción a la Ley de Ética Pública.
El pedido también requiere información sobre posibles contratos, permisos o negociaciones entre el Estado Nacional y empresas vinculadas a Musk, como Tesla, SpaceX, Starlink o X Corp.
Marino subrayó que "el Presidente no puede recibir regalos personales por el cargo, y los obsequios institucionales deben incorporarse al patrimonio del Estado".
El proyecto cita la Ley 25.188 de Ética Pública, el Decreto 1179/2016 y el régimen del Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos, que obligan a transparentar y registrar todos los regalos permitidos legalmente, asegurando su incorporación al patrimonio estatal cuando corresponda.