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En un nuevo avance en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
El pedido se inscribe dentro de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los $685.000 millones.
El departamento de San José 1111 figura entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía. Se trata de la vivienda donde la exmandataria se encuentra detenida desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Según el dictamen fiscal, ese inmueble -al igual que otros activos- estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y, por lo tanto, debería ser incorporado al decomiso para contribuir a resarcir el daño económico.
La inclusión de esta propiedad tiene un carácter simbólico y jurídico relevante, ya que se trata del domicilio actual de la expresidenta y uno de los bienes más visibles del patrimonio en discusión.
Un pedido más amplio
El requerimiento de Luciani no se limita al departamento de Constitución. La fiscalía presentó un listado más amplio que contempla: 141 inmuebles (13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez); 46 automotores; US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos.
El conjunto de activos forma parte de lo que el Ministerio Público define como una "segunda tanda" de decomisos, destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la firmeza de la condena en la causa por la obra vial en el sur del país.