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El Gobierno nacional evalúa suspender el desfile militar del 9 de Julio en un contexto marcado por el ajuste en el Ministerio de Defensa, la reestructuración de partidas y tensiones internas en las Fuerzas Armadas, según coinciden fuentes oficiales y del ámbito castrense. En la Casa Rosada aseguran que el evento "no está previsto" en la agenda operativa y que hasta el momento no hubo indicaciones para iniciar los preparativos, mientras que en las fuerzas señalan que no están dadas las condiciones presupuestarias ni el clima interno para avanzar con un despliegue de gran escala.
La organización de un desfile de estas características implica movilizar tropas desde distintas regiones del país, vehículos de combate, aeronaves, personal de seguridad, así como cubrir costos de combustible, viáticos, alojamiento y logística general. En ese marco, fuentes militares señalaron que una operación de ese tipo resulta difícil de sostener en medio de recortes y reclamos salariales que atraviesan a la estructura castrense. El antecedente inmediato refuerza esa tendencia. En 2025, el Gobierno ya había decidido suspender el desfile del Día de la Independencia con el objetivo de reducir el gasto público, en una decisión que sorprendió luego de que la gestión libertaria lo hubiera recuperado el año anterior y resaltado como símbolo institucional.
El último gran despliegue tuvo lugar en 2024 sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aquel operativo movilizó miles de efectivos con estimaciones de hasta 9.900 militares junto a aviones, helicópteros, tanques y unidades de combate provenientes de distintas provincias.
El costo del evento superó los 720 millones de pesos, según datos oficiales obtenidos a partir de pedidos de acceso a la información pública, con fuertes erogaciones en combustible, transporte, alimentación y logística de las tres fuerzas. Diversos cálculos difundidos por medios señalan que, actualizado por inflación, el gasto podría acercarse hoy a los 1.000 millones de pesos, una cifra que en el actual contexto fiscal aparece difícil de afrontar.
La discusión sobre el desfile se inscribe en un escenario más amplio de ajuste en el área de Defensa. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso recortes en partidas clave por cerca de 49.000 millones de pesos, afectando programas de alistamiento operativo, logística, equipamiento y adquisiciones estratégicas de las tres Fuerzas Armadas.
El impacto se distribuye entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con reducciones que alcanzan tanto a proyectos de modernización como a gastos de mantenimiento e infraestructura. Dentro del ámbito militar se suma el malestar por cuestiones salariales y por el funcionamiento de la obra social IOSFA, factores que agravan el escenario interno.