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El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo desembolso de USD 1.050 millones, pero lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei por el manejo de las políticas anticorrupción y la falta de transparencia en los controles sobre las declaraciones juradas patrimoniales de sus funcionarios. El organismo internacional incluyó estas advertencias en el documento técnico correspondiente a la reciente revisión de su acuerdo con la Argentina.
La entidad que preside Kristalina Georgieva enumeró dentro de los "desafíos pendientes", la lucha contra la corrupción, destacando allí que Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional, y apuntó que "la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos".
Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los "recientes progresos" contra la corrupción y aseveró que "es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual".
El reporte técnico añadió que "las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación", remarcando a su vez que "la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial".
El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país, incluyendo de forma concreta las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción en el documento actual. A nivel político, el plazo para entregar las declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio, otorgando dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción, un escenario donde se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores.
Por otra parte, en su revisión, el FMI señaló que "continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión".
El organismo detalló que "se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias" con el objetivo de "garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados", coincidiendo con los datos oficiales del Banco Central que mostraron una disparada en la morosidad de los hogares, la cual llegó al 11,5% en marzo y obtuvo un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.