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En una nueva actualización, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno, que buscaba que el máximo tribunal interviniera directamente en la causa que analiza la validez de la Ley 27.802, conocida como la Ley de Modernización Laboral.
El recurso había sido interpuesto por la Procuración del Tesoro el pasado 16 de abril, luego de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restableció la plena vigencia de la reforma laboral.
El pedido del Gobierno y el criterio de la Corte
El Gobierno había solicitado que la Corte revisara el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley, basándose en que la reforma vulnera derechos laborales fundamentales. La Procuración del Tesoro, en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, había pedido que el tribunal suspendiera la sentencia cautelar hasta que se resuelva definitivamente el caso.
En su resolución, el tribunal de la Corte entendió que no estaban presentes los requisitos necesarios para que el caso fuera resuelto sin esperar la decisión de las instancias inferiores. El artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial establece que un recurso de per saltum solo puede ser admitido en casos de "notoria gravedad institucional", una condición que, según la Corte, no estaba debidamente acreditada en este caso.
El origen de la disputa legal
El conflicto comenzó cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una demanda ante la justicia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley 27.802, por considerar que modifican sustancialmente el régimen laboral y atentan contra derechos constitucionales como la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
En marzo, el juez Raúl Horacio Ojeda había suspendido, de manera cautelar y con alcance general, los artículos impugnados por la central sindical, lo que originó la solicitud de per saltum por parte del Gobierno.