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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó ayer la reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió avanzar hacia un "nuevo consenso fiscal" entre Nación, provincias y municipios. La entidad cuestionó que las medidas sugeridas al gobierno de Javier Milei recaigan principalmente sobre asalariados y consumidores, mientras dejan sin cambios impuestos que, según advirtió, frenan la producción y el empleo formal.
El planteo surge luego de conocerse los lineamientos de la reforma tributaria promovida por el organismo internacional, que incluye ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, extender el IVA a bienes actualmente exentos y elevar las categorías del Monotributo.
Desde la CAME calificaron esas medidas como "regresivas" al considerar que terminan afectando el poder adquisitivo de los trabajadores y elevando los costos de la formalidad para los sectores de menores ingresos. "Recaen principalmente sobre los asalariados y el consumo doméstico", expresó la entidad. Y remarcaron que las reformas impulsadas por el FMI no atacan el verdadero problema del sistema tributario argentino: la presión impositiva provincial y municipal.
"Nudo fiscal más dañino"
Para la entidad, el FMI omite en su diagnóstico el peso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales, a las que definió como el "nudo fiscal más dañino" para la actividad económica. Según detalló la CAME, estos tributos representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, tenga o no rentabilidad. Además, alertó que Ingresos Brutos funciona como un "impuesto en cascada", ya que se acumula en cada etapa de la cadena productiva y termina elevando los costos.
Otro de los puntos cuestionados fue el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que genera "saldos a favor" para las empresas. La entidad explicó que muchas firmas pagan más de lo que corresponde y acumulan excedentes que, en teoría, deberían recuperarse por compensación o devolución. Sin embargo, advirtió que eso rara vez sucede con rapidez. Las devoluciones pueden tardar entre 12 y 36 meses y, debido a la inflación, esos fondos pierden entre el 60% y el 80% de su valor real. Para la CAME, esto termina funcionando como un "préstamo forzoso sin remuneración" al Estado, afectando el capital de trabajo de miles de empresas.