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La Anses le solicitó a la Justicia una caución real o personal como condición ineludible, antes de realizar la devolución de la pensión de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner.
Este pedido de garantía busca proteger los fondos públicos del Estado en caso de que la Corte Suprema revoque la medida cautelar que pidió la restitución del beneficio; el planteo judicial llevado adelante por los representantes legales de Anses, avalado por que el artículo 5 de la Ley 26.854, exige que el solicitante otorgue un seguro por "los eventuales daños y perjuicios" antes de que la orden se efectúe.
Las estimaciones oficiales de la asignación vitalicia a Cristina como viuda del expresidente Néstor Kirchner, sería de 38 haberes mínimos, es decir unos $15,3 millones mensuales.
Con esta petición, el organismo pretende contar con un respaldo económico que asegure que el Estado Nacional pueda recuperar el dinero liquidado, si el fallo de fondo resulta adverso para Cristina Kirchner.
La jubilación de privilegio fue dada de baja en noviembre de 2024 por orden del Gobierno; el oficialismo fundamentó su decisión en la pérdida de "honor y mérito", tras la ratificación de su condena por corrupción en la causa Vialidad.
Por entonces, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó una medida cautelar a favor de Cristina Kirchner. El tribunal ordenó reponer temporalmente el pago por considerar razones de naturaleza alimentaria.
Entonces, el Ministerio de Capital Humano acudió directo a la Corte Suprema de Justicia a través de recursos de queja para suspender definitivamente el beneficio.