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El gobierno de Rodrigo Paz Pereira deportó a una delegación argentina integrada por legisladores, referentes sindicales y miembros de organismos de Derechos Humanos que había llegado a Bolivia para participar de una Misión Humanitaria. El episodio ocurrió este lunes en el aeropuerto de El Alto, donde la comitiva denunció que sus integrantes fueron retenidos, que les quitaron la documentación y que luego fueron obligados a abordar un vuelo hacia Santa Cruz de la Sierra para finalmente regresar a la Argentina.
Entre los integrantes de la delegación se encontraban el diputado nacional de Fuerza Patria Juan Marino; la legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi; la secretaria general del gremio docente Ademys, Soledad Mosquera; María José Cano, de la CTA Autónoma; y Alejandrina Barry, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros dirigentes y referentes sociales. La misión había llegado al país vecino con el objetivo de relevar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis social y política que atraviesa Bolivia.
Quirno habló de “inconsistencias” en el ingreso
La respuesta del Gobierno argentino llegó a través del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien informó que, según las autoridades bolivianas, durante los controles migratorios “se habrían verificado inconsistencias” en el ingreso de la delegación. El canciller sostuvo que esas diferencias habrían aparecido entre las condiciones declaradas para entrar al país y las actividades anunciadas públicamente por los integrantes de la misión.
En el comunicado difundido por Quirno, la Cancillería señaló que el grupo de ciudadanos argentinos se presentó como integrante de una “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”, con el propósito declarado de realizar un relevamiento sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados del país vecino. Sin embargo, de acuerdo con la versión transmitida por las autoridades bolivianas, también se habrían detectado cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación migratoria local.
Por ese motivo, siempre según la explicación oficial difundida por Cancillería, Bolivia resolvió no admitir el ingreso de la comitiva y dispuso la deportación de sus integrantes. Quirno remarcó además que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira actuó en ejercicio de sus “facultades soberanas”, una definición que marcó el tono de la postura argentina frente al episodio.
Denuncias de retención y maltrato
Desde la delegación argentina, la versión fue completamente distinta. Vanina Biasi, legisladora porteña del Frente de Izquierda e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, denunció que los miembros de la misión estuvieron “secuestrados con represión policial” y sostuvo que el operativo impidió una tarea de fiscalización internacional sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
Biasi afirmó que la misión había informado claramente cuál era el objetivo del viaje y acusó al gobierno boliviano de intentar impedir el relevamiento. También sostuvo que la situación política del país vecino configura “una verdadera dictadura militar” y denunció que el presidente Rodrigo Paz Pereira busca instalar un estado de sitio. Sus declaraciones se conocieron mientras la comitiva permanecía retenida y antes de emprender el regreso hacia la Argentina.
Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, también cuestionó el procedimiento y afirmó que a los integrantes de la delegación no los dejaban bajar del avión. Según su testimonio, el trato recibido fue “igual al de un secuestro” y las autoridades intentaron hacerles firmar un documento que, según denunció, contenía “causas truchas” sobre los objetivos del viaje.
Reclamo del bloque de Fuerza Patria
El jefe del bloque de diputados de Fuerza Patria, Germán Martínez, reclamó públicamente que el diputado Juan Marino pudiera realizar las tareas para las que, según indicó, había sido invitado por legisladores de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. También pidió la intervención de las autoridades consulares argentinas para garantizar la libertad y la integridad física del legislador y del resto de la delegación.
Desde la Misión Humanitaria difundieron un comunicado en el que sostuvieron que habían sido convocados por legisladores, organizaciones sociales y población civil de Bolivia para relevar denuncias de represión estatal. En ese texto, calificaron la expulsión como una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de tratados internacionales de Derechos Humanos.
La misión también denunció que el accionar de las autoridades bolivianas atentó contra los fueros de los legisladores Marino y Biasi, que integraban la delegación. Además, calificó la medida como “dictatorial” y llamó a organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales a mantenerse alertas ante la situación.
Las denuncias por la situación en Bolivia
La delegación argentina había viajado para relevar denuncias sobre represión estatal y paraestatal en Bolivia. Según el comunicado de la Misión Humanitaria, en el país vecino se registran asesinatos, presos políticos, denuncias de torturas, falta de asistencia médica a heridos, secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios, agresiones a la prensa durante protestas, estigmatización de manifestantes y hechos de discriminación y racismo.
Esas acusaciones forman parte del contexto que motivó el viaje de la delegación. Sin embargo, las autoridades bolivianas impidieron el ingreso del grupo y sostuvieron, según informó Cancillería argentina, que existían inconsistencias migratorias y diferencias entre lo declarado formalmente y las actividades anunciadas por los integrantes de la misión.
Asistencia consular argentina
Tras la deportación, Quirno informó que la Embajada argentina en Bolivia y los consulados generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron los mecanismos de asistencia consular correspondientes. Según el comunicado del canciller, las representaciones diplomáticas mantuvieron contacto permanente con las autoridades competentes del país vecino.
La intervención consular buscó seguir la situación de los ciudadanos argentinos retenidos y luego expulsados, en medio de un episodio que generó tensión política y fuertes cuestionamientos desde sectores del peronismo, la izquierda y organismos de derechos humanos.