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En una contundente carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, diversas instituciones de la Iglesia católica argentina manifestaron su "profunda preocupación" y reclamaron el rechazo del Congreso al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Poder Ejecutivo. El documento, firmado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), advierte que la iniciativa atenta contra la soberanía de los recursos naturales y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Los puntos más críticos de la advertencia eclesial
La Iglesia sostiene que el proyecto de ley debilita la potestad del Estado en todos sus niveles para gestionar el territorio, planificar obras públicas y, fundamentalmente, proteger el interés comunitario frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros.
Entre las preocupaciones centrales se destacan:
- Extranjerización de la tierra: Se cuestiona la eliminación de limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que otorgaría un acceso ilimitado a reservas de agua y otros bienes naturales estratégicos.
- Especulación tras incendios: Los obispos calificaron de "alarmante" la derogación de restricciones ambientales que impedían el uso inmediato de tierras arrasadas por incendios forestales, lo que consideran un incentivo directo a la especulación inmobiliaria.
La tierra como bien común y no como mercancía
Desde una perspectiva doctrinaria, las organizaciones recordaron el principio del destino universal de los bienes, citando enseñanzas del Papa León XIV para enfatizar que los recursos deben servir a toda la humanidad y no solo a unos pocos. Citando también la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, remarcaron que la tierra es "nuestra hermana y nuestra madre" y que para las comunidades campesinas e indígenas representa identidad, cultura y futuro, por lo que no puede ser tratada como una "simple mercancía".
Un llamado a la responsabilidad política
La misiva también introdujo la urgencia de la crisis habitacional en Argentina. La Iglesia reclamó que la política garantice un marco jurídico justo que equilibre las necesidades de inquilinos y propietarios, en lugar de priorizar únicamente la acumulación económica.
Finalmente, las entidades eclesiales instaron a los senadores y diputados a que el debate sea guiado por el bien común y el futuro de las próximas generaciones, por encima de los intereses particulares. Pidieron a los representantes poner en práctica la "nobleza de la política como máxima expresión de la caridad" al momento de decidir sobre este proyecto