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Lo que comenzó como un allanamiento por una investigación de presunta corrupción en ARSAT terminó derivando en un hallazgo inesperado que hoy sacude a sectores del poder político y de transporte. Facundo Leal, un abogado mendocino que ocupó cargos en distintas áreas estatales durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue detenido luego de que la Justicia encontrara más de US$2,5 millones, drogas sintéticas y cocaína en propiedades vinculadas a él.
El operativo se realizó el 28 de mayo en un departamento ubicado en Palermo. Efectivos de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico ingresaron al lugar por orden judicial en el marco de una causa que investigaba supuestas irregularidades en contratos firmados durante la gestión anterior en ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones.
Secuestro millonario
Sin embargo, lo encontrado abrió un nuevo frente de investigación. En el inmueble, los agentes secuestraron más de US$650.000 en efectivo, dos millones de pesos, dinero de otros países, ketamina, cristal MDMA, pastillas de éxtasis, cocaína, una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador. La investigación también derivó en otro allanamiento en Mendoza, donde la Justicia halló más de US$1,8 millones adicionales. En total, el patrimonio secuestrado superó los US$2,5 millones.
La causa, a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez, se había iniciado en 2024 a partir de una denuncia por el robo de equipos de un depósito de ARSAT en San Fernando.
Leal había sido titular de ARSAT durante las gestiones de Fernández y Milei y, en 2025, asumió al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) impulsado por el entonces secretario de Transporte, el mendocino Luis Pierrini. Ambos dejaron sus cargos en enero pasado tras una reestructuración.
Ahora, la Justicia intenta determinar si detrás del expediente existió un esquema de direccionamiento de contratos, sobreprecios y pago de coimas que podría involucrar a otros exfuncionarios y empresas proveedoras del Estado.