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La querella que representa a la mayoría de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan pidió ayer que los cuatro exjefes de la Armada acusados en el juicio oral sean condenados a cinco años de prisión, la máxima pena prevista para este tipo de delitos, por el hundimiento del submarino ocurrido en noviembre de 2017.
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias sostuvieron que la tragedia fue consecuencia de una cadena de decisiones, omisiones y negligencias que hicieron "previsible" el desenlace. "No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo", señalaron.
Reclamaron las máximas condenas para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, al considerar que tuvieron responsabilidades centrales en las decisiones que precedieron al hundimiento. También pidieron penas para Héctor Alonso y Hugo Correa.
La querella planteó que los acusados conocían las limitaciones operativas y los problemas que arrastraba la embarcación, pero aun así permitieron que continuara navegando. También cuestionó la falta de órdenes claras luego de que se reportara el ingreso de agua durante la última misión del submarino.
El pedido acompañó en líneas generales la hipótesis de la fiscalía, que había solicitado cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, cuatro años para Alonso y tres años y medio para Correa.
También alegó Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes fallecidos, quien reclamó penas más altas y pidió que se investigue el posible abandono de personas.
"No me atrevo a pedirles justicia, señores. Me atrevo a pedirles una sentencia justa", concluyó.