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La Corte Suprema de Justicia dejó firme ayer la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a ejecutar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, luego de desestimar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. La resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechaza tanto la queja sobre la cautelar como los pedidos de excusación y establece que, aunque la cuestión de fondo siga en manos de primera instancia, la norma debe cumplirse de inmediato.
El fallo asegura la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y la recomposición de programas de becas estudiantiles. Según la Corte, "un pronunciamiento que acuerda, deniega o modifica una medida cautelar no reviste el carácter de sentencia definitiva" como para presentar recurso extraordinario. Así, queda firme la orden de aplicar los artículos mencionados, aunque el juez de primera instancia, Martín Cormick, continuará definiendo la constitucionalidad del decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la ley de financiamiento universitario a la disponibilidad de fuentes de financiamiento (como postula el Ejecutivo).
El acuerdo
El fallo se conoce a dos semanas del acta acuerdo que el 10 de junio pasado, firmaron el Gobierno, los rectores y los gremios que establece un incremento de la masa salarial del 24,33%, distribuido en dos tramos: 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y 3% adicional en octubre sobre los de septiembre. Esta recomposición incluye la compensación del desfasaje de 2025, actualización por inflación hasta mayo y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024. Además, se definió un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano y $50.000 millones adicionales para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
El fallo de la Corte se interpreta como un aval implícito a la Ley 27.795 y refuerza el reclamo de los rectores de universidades nacionales, que advierten que la medida cautelar abarca aspectos esenciales de la recomposición salarial y de las becas, mientras que el acuerdo firmado solo cubría una parte de esos incrementos.
"Es una gran noticia"
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró la decisión y subrayó: "Es una gran noticia para toda la comunidad universitaria. Hoy la Corte reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Con este fallo se deberán actualizar salarios y becas conforme lo establecen los artículos 5 y 6, la respuesta estructural por la que tanto trabajamos".
El recorrido judicial comenzó con la sanción de la ley en agosto de 2025, el veto presidencial y la insistencia del Congreso por su promulgación. Ante la negativa del Gobierno a ejecutarla, se presentó un amparo colectivo y se dictó la cautelar que ahora fue ratificada por la Corte. En primera instancia, el juez Cormick deberá dirimir si el decreto que condiciona la ejecución de la ley es constitucional y cómo se aplican integralmente los recursos, incluyendo las Becas Progresar.