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Las convocatorias se realizarán a pocos días de la publicación de los decretos 407 y 408, que reglamentaron puntos centrales de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Entre los cambios aparecen la descentralización de la negociación colectiva, el impulso a convenios por empresa, el recorte de aportes a los gremios y nuevas condiciones para discutir acuerdos laborales por actividad o por unidad productiva.
Uno de los puntos más sensibles es el fin de la llamada "ultraactividad", el mecanismo que mantenía vigentes de manera automática los convenios colectivos vencidos hasta que las partes alcanzaran un nuevo acuerdo. Con la nueva reglamentación, la Secretaría de Trabajo quedó habilitada para iniciar, dentro de un plazo de 30 días, el procedimiento de convocatoria a gremios y cámaras empresarias cuyos convenios se encuentran caídos.
Desde el 1º de enero
El objetivo oficial es que las nuevas condiciones comiencen a aplicarse desde el 1 de enero de 2027. En ese marco, podrían discutirse herramientas como el banco de horas, la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas y el llamado "salario dinámico", que permitiría mejoras salariales vinculadas a productividad y no solo a los acuerdos paritarios tradicionales.
El Gobierno sostiene que muchos convenios vigentes fueron diseñados para un mercado laboral que ya no existe y que es necesario adecuarlos a las nuevas formas de producción. En el sector privado, algunas empresas prefieren renegociar por actividad, mientras que otras buscarían acuerdos más específicos.
La reglamentación también fijó nuevos requisitos para la participación empresaria en las negociaciones colectivas. Solo podrán intervenir asociaciones de empleadores y cámaras que acrediten representación suficiente, con un piso mínimo del 10% de los trabajadores comprendidos en el ámbito correspondiente.
Reglamento para sindicatos
Además, se precisó el alcance de las cargas económicas previstas en los convenios colectivos, como aportes, contribuciones, cuotas, retenciones y fondos, según la denominación usada por las partes. Otro cambio relevante es la reglamentación de sindicatos de empresa o grupos de empresas. Para obtener reconocimiento, deberán acreditar seis meses de funcionamiento y una afiliación superior al 5%.
Desde los gremios volvieron a rechazar la reforma y advirtieron que podrían convocar a nuevas medidas de fuerza. También analizan presentaciones judiciales para frenar la aplicación de los cambios, al considerar que el nuevo marco implica una pérdida de derechos. El Gobierno, en cambio, defiende la reforma a la que considera una herramienta para fomentar el empleo formal, modernizar las relaciones laborales y limitar lo que considera estructuras sindicales rígidas.