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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para llevar ante la Corte Suprema la discusión sobre las condiciones de su prisión domiciliaria. Así, quedaron vigentes la tobillera electrónica, el régimen de visitas y las restricciones para acceder a la terraza de su departamento.
La decisión fue adoptada por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia. La expresidenta cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
Los abogados de Fernández de Kirchner sostuvieron que las condiciones impuestas vulneraban los principios de legalidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, además de afectar sus derechos a la privacidad y la intimidad.
Argumentos
Hornos consideró que la presentación no cuestionaba una sentencia definitiva ni acreditaba un perjuicio imposible de reparar. También remarcó que las medidas forman parte del régimen legal de la prisión domiciliaria y pueden ser revisadas por el juez de ejecución.
Sobre las visitas, señaló que no están prohibidas, sino sujetas a un mecanismo de organización y autorización previa para determinadas personas. Agregó que cumplir las reglas no obliga a flexibilizarlas, ya que se trata de la conducta esperada de quien cumple una pena privativa de la libertad.
En relación con la tobillera, Hornos indicó que su utilización es la regla prevista por la ley 24.660 y que cualquier excepción debe estar fundada. Además, diferenció ese dispositivo de la custodia policial: los agentes tienen como finalidad protegerla por su condición de expresidenta, mientras que la vigilancia electrónica controla el arresto domiciliario.
Respecto de la terraza, sostuvo que las condiciones actuales garantizan el uso diario de un espacio abierto y que las limitaciones horarias buscan preservar la tranquilidad de los vecinos.
Barroetaveña coincidió con esos fundamentos y concluyó que la defensa expresó una discrepancia con la interpretación de normas de derecho común, pero no demostró una cuestión federal suficiente ni irregularidades que permitieran considerar arbitraria la resolución.