inicia sesión o regístrate.
El Gobierno nacional reglamentó el cálculo de aportes que los trabajadores realizan a los sindicatos dejando afuera del mismo a conceptos no regulares como horas extras, bonos y aguinaldo, mediante el Decreto 612/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial.
La normativa establece pautas puntuales sobre qué conceptos salariales integran la base de cálculo de los aportes y contribuciones sindicales, e impone controles estrictos sobre la administración de estos fondos.
El decreto aclara que la base para calcular los aportes previstos en las convenciones colectivas de trabajo debe estar constituida únicamente por el salario básico convencional de la categoría del trabajador, sumado a las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual.
Con el fin de evitar interpretaciones amplias que encarezcan los costos laborales, el texto detalla una lista de conceptos que no integrarán la base de cálculo:
* Premios y bonos.
* Participación en las ganancias.
* Horas extras.
* Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo).
* Plus vacacional.
* Sumas no remunerativas.
* Cualquier otro concepto que no se abone de forma normal, habitual y mensual.
El texto oficial reafirmó que las contribuciones que los empleadores acuerden en favor de las asociaciones sindicales deben tener un destino específico: obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural que beneficien directamente a los trabajadores.
Para asegurar el cumplimiento de esta finalidad, la norma exige que estos fondos sean objeto de una administración especial. Esto implica que el sindicato debe llevar y documentar estos recursos por separado de sus bienes y fondos sindicales generales, garantizando así una mayor trazabilidad del dinero.
Esta medida se da en el marco de la Ley de Modernización Laboral, considerando que estas precisiones brindan "certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación, contribuyendo a su efectivo cumplimiento", previo a la homologación de nuevos acuerdos colectivos.
Durante el debate de esa ley, el Gobierno había aceptado fijar estos límite para el cálculo de la cuota sindical tras ceder a la presión de la central obrera para no eliminar esas retenciones por completo. Esto en virtud de que la eliminación total del aporte sindical era parte del proyecto inicial de la Ley de Modernización, pero se cayó luego de las negociaciones.
Una situación similar ocurrió con la rebaja de Ganancias a grandes empresas, lo cual afectaba a la coparticipación con las provincias, la posibilidad de cobrar salarios en billeteras virtuales, que atentaba contra los bancos y la obligatoriedad de los aportes a las cámaras empresarias.