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La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium, por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. De esta manera, el tribunal de Estados Unidos confirmó que el país deberá pagarle al fondo una suma superior a los US$ 390 millones. "Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas", indicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.
La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner. Los demandantes obtuvieron en 2019 una sentencia firme favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca la pagó. En 2017, el CIADI dictó su primera sentencia en contra del país, en ese entonces en favor del grupo español Marsans.
"La Procuración del Tesoro de la Nación se encuentra analizando todas las herramientas legales disponibles para intentar revertir la decisión o, en su defecto, mitigar sus consecuencias para el Estado argentino", explicó el máximo organismo defensor de la Argentina, donde agregaron: "Esta causa es consecuencia de decisiones adoptadas hace casi dos décadas y forma parte de la pesada herencia judicial e institucional recibida por la actual administración, que al asumir en diciembre de 2023 encontró reclamos y sentencias adversas contra el país por más de US$30.000 millones".
El juicio originalmente estaba en manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar demandas de esta clase y conocido por la expropiación de la petrolera YPF. En 2018, con la sentencia a su favor por US$ 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando, y desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.
En 2024 parecía ser que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar ese litigio, con la negociación de los términos y condiciones ya aprobados así como el monto de la deuda y los intereses. Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.