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La batalla judicial por la ejecución de la condena en la causa Vialidad abrió un nuevo capítulo. Un día después de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar frenar la ejecución y eventual remate de bienes alcanzados por la sentencia, una estrategia que también adoptó el empresario Lázaro Báez.
La Corte rechazó los planteos de nulidad y ratificó el monto actualizado que deberán afrontar los condenados, cifra que surge de la actualización de los $85.000 millones originalmente fijados por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
La discusión ahora se concentra en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían se decomisados figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles de la familia y otros activos.
La defensa de Cristina, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también busca excluir del proceso bienes de Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que no existe prueba de que provengan de los hechos investigados.
Aunque las nuevas presentaciones judiciales podrían demorar algunas definiciones, especialistas han señalado que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar paralelamente con las medidas destinadas a identificar, tasar y ejecutar los bienes.