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Mientras la sociedad continúa demandando respuestas urgentes en materia de empleo, seguridad, educación, salud, infraestructura y estabilidad económica, el Gobierno nacional decidió colocar en el centro de la agenda política una profunda reforma del sistema electoral. Será, además, uno de los primeros grandes desafíos del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tendrá la misión de construir los consensos necesarios para impulsar cambios que incluyen la eventual eliminación de las PASO, la incorporación de listas colectoras, modificaciones en el financiamiento de las campañas y otros aspectos del régimen electoral.
La discusión es legítima. La Argentina necesita revisar su sistema político y actualizar normas que muestran signos de agotamiento. Pero también resulta inevitable preguntarse si éste es el debate que hoy ocupa las principales preocupaciones de la ciudadanía o si, por el contrario, responde principalmente a las necesidades estratégicas de la dirigencia para los comicios 2027.
No se trata de minimizar la importancia de una reforma política. Las reglas electorales constituyen uno de los pilares de toda democracia y deben ser objeto de revisión cuando la experiencia demuestra que pueden perfeccionarse. Sin embargo, esas modificaciones deberían responder a un proyecto institucional de largo plazo y no quedar condicionadas por la ingeniería electoral que cada fuerza política considere más conveniente para la próxima competencia.
La Argentina tiene una larga historia de reformas electorales. En 2024 el Congreso incorporó la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales con el propósito de simplificar el acto electoral, fortalecer la transparencia y reducir costos. Su implementación comenzó al año siguiente.
La eventual eliminación de las PASO constituye el eje más visible del debate. Existen argumentos atendibles para revisarlas. En numerosos distritos dejaron de cumplir el objetivo para el que fueron concebidas, transformándose en una elección general anticipada, con elevados costos económicos y organizativos. También generaron un calendario electoral excesivamente prolongado que terminó desgastando a partidos y ciudadanos.
En distintos períodos los argentinos llegaron a concurrir hasta cinco veces a las urnas entre primarias, elecciones generales, balotajes y comicios provinciales desdoblados. Esa realidad ayuda a explicar un evidente cansancio electoral. Votar menos no significa creer menos en la democracia. Puede significar, precisamente, exigir que quienes fueron elegidos gobiernen mejor durante el tiempo del mandato popular.
También merece una reflexión el creciente desdoblamiento de elecciones provinciales. La autonomía de cada provincia para fijar su calendario constituye un principio constitucional que no admite discusión. Pero ello no impide preguntarse si la multiplicación de fechas fortalece realmente la participación ciudadana o si, por el contrario, mantiene al país en campaña permanente durante buena parte del año, desviando la atención de los problemas que verdaderamente preocupan a la población.
Salta tampoco permanece ajena a este proceso. La reciente reforma electoral aprobada por la Legislatura provincial incorporó un mecanismo que permite la sumatoria de votos de candidatos pertenecientes a un mismo espacio político en todas las categorías, con excepción de la de gobernador. En los hechos, muchos analistas dicen que es una nueva versión de la ley de lemas.
La discusión también debería abarcar los mecanismos de votación. Mientras la Nación comenzó el año pasado a aplicar la Boleta Única de Papel, Salta mantiene la Boleta Única Electrónica, un sistema que desde hace años recibe observaciones y cuestionamientos de especialistas nacionales e internacionales por las dificultades que presenta para garantizar plenamente la auditabilidad, la transparencia y el control ciudadano del proceso electoral. Esa coexistencia de modelos demuestra que el país todavía no alcanzó un consenso definitivo sobre cuál es el mejor instrumento para proteger la confianza del elector.