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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia este miércoles en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la mayor tragedia naval argentina de la historia reciente, en la que murieron sus 44 tripulantes.
Tras más de cuatro meses de debate oral en la ciudad de Río Gallegos, el tribunal condenó al ex capitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.
Al tratarse de una pena en suspenso, Villamide no irá a prisión de manera efectiva. En el mismo fallo, los jueces absolvieron al ex contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, al ex capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y al ex capitán de fragata Hugo Miguel Correa.
La condena a Villamide
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, integrado por Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, resolvió por mayoría condenar a Villamide, quien se desempeñaba como titular del Comando de la Fuerza de Submarinos.
Según la resolución, los magistrados consideraron acreditado que el ex jefe naval incurrió en incumplimientos funcionales penalmente relevantes vinculados con su rol dentro de la estructura de mando.
La pena fue fijada en tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La condena, sin embargo, no quedó firme y las partes podrán recurrirla una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo.
Tres absoluciones en la causa
En paralelo, el tribunal absolvió por unanimidad a Luis López Mazzeo, ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada. Los jueces entendieron que, por la estructura jerárquica y la división de funciones, no se lograron demostrar incumplimientos funcionales penalmente relevantes en su contra.
También fueron absueltos Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes habían sido acusados por su actuación dentro del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos. En ambos casos, el tribunal sostuvo que no se acreditaron responsabilidades penales en relación con las funciones que desempeñaban.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan
El debate oral comenzó el 3 de marzo de 2026 en Río Gallegos y se extendió durante más de cuatro meses. Durante el proceso declararon peritos técnicos, ingenieros navales, submarinistas, ex comandantes de la fuerza, familiares de las víctimas y autoridades de la cúpula naval de 2017.
Uno de los ejes centrales fue determinar si existieron responsabilidades penales en la planificación de la última misión, en el mantenimiento del submarino y en las decisiones operativas adoptadas antes de la tragedia.
También se analizó documentación reservada relacionada con reparaciones previas de la nave y mensajes de emergencia enviados durante la última navegación.
El tribunal remarcó que el juicio buscó deslindar responsabilidades penales concretas “sin que ello signifique desconocer el dolor irreparable de las familias ni la memoria de los 44 tripulantes, quienes naufragaron y perdieron la vida en cumplimiento del deber”.
La reacción de los familiares
Tras conocerse el fallo, las abogadas de familiares de los tripulantes, Valeria Carreras y Lorena Arias, señalaron que es “la primera vez en la historia argentina” que un jefe naval es condenado penalmente “por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz”.
“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, expresaron.
Las letradas adelantaron que recurrirán la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto de 2026. El planteo incluirá tanto las absoluciones como la magnitud de la pena impuesta a Villamide.
“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible”, manifestaron. Y agregaron: “Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”.
Qué pasó con el submarino ARA San Juan
El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur. La tragedia causó la muerte de sus 44 tripulantes.
Antes de perder contacto, la tripulación había reportado el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías. Ese episodio habría provocado un cortocircuito y un principio de incendio.
Horas después de la última comunicación, se detectó un ruido violento compatible con una implosión. Los peritajes posteriores concluyeron que el submarino colapsó por la presión del agua luego de descender sin control.
La búsqueda comenzó con operativos nacionales y luego se extendió a nivel internacional. Finalmente, la empresa Ocean Infinity localizó los restos del submarino el 17 de noviembre de 2018, casi un año después del hundimiento, a unos 907 metros de profundidad.
La causa paralela por espionaje a familiares durante el gobierno de Macri
En paralelo al expediente principal por el hundimiento del ARA San Juan, la Justicia también investigó presuntas tareas de espionaje ilegal sobre familiares de los 44 tripulantes durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esa causa apuntó a determinar si organismos de inteligencia realizaron seguimientos, tomaron fotografías, elaboraron informes y reunieron información sobre familiares que reclamaban respuestas por la desaparición y posterior hallazgo del submarino. Las maniobras investigadas se habrían producido entre 2017 y 2018, mientras los allegados mantenían movilizaciones, reuniones y pedidos públicos para conocer qué había ocurrido con la nave.
El expediente tuvo como eje la actuación de la entonces Agencia Federal de Inteligencia, conducida durante la gestión de Macri por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En esa investigación también llegó a estar bajo análisis la responsabilidad del expresidente. En 2021, el juez federal Martín Bava había procesado a Macri al considerar que existían elementos para avanzar en la causa, pero luego la Cámara Federal revocó esa decisión y dispuso el sobreseimiento.
Según el criterio de la Cámara, las tareas realizadas por la AFI se enmarcaban en funciones vinculadas a la seguridad presidencial y no se acreditaba, con el alcance exigido para continuar el proceso penal, la hipótesis de espionaje ilegal planteada por la acusación. Más tarde, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de los familiares y dejó firme el sobreseimiento de Mauricio Macri, Arribas y Majdalani en esa causa.
A su vez, en otro expediente conocido como “Bases AMBA”, vinculado a presuntas maniobras de inteligencia ilegal investigadas inicialmente por el exjuez Alejo Ramos Padilla, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Arribas, Majdalani y otros exfuncionarios de inteligencia. El magistrado concluyó que no había elementos suficientes para sostener la existencia de delito respecto de la cúpula de la ex AFI durante el macrismo.
De esta manera, mientras el juicio por el hundimiento del submarino terminó con una condena penal a Claudio Villamide y tres absoluciones para exjefes navales, las investigaciones paralelas por presunto espionaje a familiares tuvieron un desenlace distinto: los principales exfuncionarios del gobierno de Macri y de la ex AFI fueron sobreseídos.