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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su "profunda preocupación y rechazo" al Decreto 612/2026 y cuestionó directamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La entidad considera que la reglamentación representa un retroceso respecto del espíritu original de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
El punto de conflicto está relacionado con los aportes que las empresas deben realizar por cada trabajador comprendido en el convenio colectivo de empleados de comercio. Según CADAM, los empleadores están obligados a contribuir al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), incluso cuando los trabajadores no reciben los cursos.
La cámara aseguró que ese mecanismo genera una recaudación superior a los $30.000 millones anuales y cuestionó que esos fondos sean distribuidos entre determinadas entidades empresarias, aunque muchas no hayan decidido asociarse voluntariamente a ellas. "No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan", sostuvo CADAM, que diferenció una afiliación voluntaria de una contribución impuesta mediante un convenio colectivo.
El decreto establece que los aportes y contribuciones acordados por los empleadores dentro de los convenios colectivos deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, los mayoristas sostienen que la reglamentación mantiene cargas obligatorias que contradicen el objetivo de reducir costos laborales.
CADAM aclaró que no se opone a que asociaciones empresarias reciban aportes, sino a que esos pagos sean obligatorios. Por ello, reclamó que cada compañía pueda decidir. El planteo vuelve a instalar la discusión sobre los costos derivados de los convenios colectivos y suma un nuevo frente de tensión en torno a la implementación de la reforma laboral.