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El Gobierno nacional modificó el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. y estableció que el dinero obtenido por la venta del material rodante será destinado exclusivamente a financiar las obras que deberán realizar los futuros concesionarios ferroviarios.
La decisión fue oficializada ayer mediante el Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La norma establece que tanto los recursos provenientes del remate público del material rodante como aquellos que se obtengan por la venta de equipos incluidos en los futuros contratos de concesión de vías serán asignados a un fideicomiso que determinará el Ministerio de Economía.
Ese fondo tendrá como destino exclusivo el financiamiento y pago de las obras que estarán a cargo de los concesionarios.
La modificación introduce un cambio respecto del esquema establecido anteriormente, que permitía destinar los recursos a un fideicomiso de obra o a otro instrumento financiero definido por Economía.
Según los fundamentos oficiales, la decisión busca evitar que esos fondos sean administrados junto con otros recursos y beneficiarios, otorgar mayor especificidad a su utilización y agilizar los desembolsos necesarios para obras ferroviarias.
El decreto instruye al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para instrumentar el nuevo mecanismo. Entre otras facultades, podrá suscribir el contrato del fideicomiso y dictar las normas operativas y complementarias necesarias.
La cartera que conduce Caputo también deberá determinar el precio de venta del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión.
Para establecer ese valor deberá tomar como referencia mínima la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones.
La decisión forma parte del proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística, autorizado por la Ley de Bases. El Gobierno puso en marcha el procedimiento en 2025 y en julio de ese año instruyó avanzar con la privatización, con un cronograma que contemplaba un plazo de 12 meses para completar el proceso.
El modelo diseñado por la administración nacional prevé la venta del material rodante mediante remates públicos y la concesión de las vías, los inmuebles aledaños y los talleres ferroviarios.
La infraestructura ferroviaria, en cambio, continuará siendo propiedad del Estado.