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Esta semana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, trató de explicar por qué el Ministerio de Economía desvía el 25% del dinero recaudado con el impuesto a los combustibles y lo aplica en inversiones financieras que le permiten sostener el superávit fiscal. Es el dinero proveniente del impuesto a los combustibles con un fin específico. Utilizar el "Sistema Vial Integrado" (SisVial), es decir, la garantía creada por el Congreso para mantener el estado óptimo de las rutas del país, y distraer ese dinero para ordenar las cuentas públicas, es ilegal y es un abuso de las atribuciones del Ministerio de Economía. El equilibrio fiscal es una tarea imprescindible y beneficiará a todo el país; no hay dudas. Pero, para lograrlo, el ministerio debe esmerarse en optimizar la recaudación, con medidas eficientes contra la evasión, logrando incrementar la producción nacional y las exportaciones, y, al mismo tiempo, eliminar gastos superfluos, empezando por achicar el gasto político, eliminar excesos burocráticos sin utilidad visible y, por supuesto, sanear cualquier forma de despilfarro con objetivos personales por parte de funcionarios públicos.
Desde diciembre de 2023 la tasa de subejecución del SisVial se estima en 73,8%. Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024, el 39% durante 2025, y 18,5% entre enero y mayo de 2026. En total: $1.503 billones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que siguen sin aplicarse a sus fines específicos.
Según fuentes oficiales, en lo que va desde 2026, el ministerio de Economía distribuyo $ 85.134 millones entre las provincias, pero lo hizo con total discrecionalidad. Salta recibió sólo el 4,64% de los fondos nacionales para rutas, unos $3.950 millones. En tanto, Jujuy concentró el 14,35% ($12,200 millones), prácticamente la misma proporción que Buenos Aires. Misiones, en cambio encabezó el reparto, con el 15,85%. ($ 14.500 millones). En cambio, Catamarca, Chubut y La Pampa no recibieron nada.
En un país federal, estas arbitrariedades, tanto el desvío de fondos como la discrecionalidad del reparto, representan un atropello al espíritu de la Constitución y a la letra de la ley. Las provincias tienen derechos inalienables, y sus poblaciones, necesidades ignoradas muchas veces desde las cúpulas del poder. Y las rutas en mal estado cuestan vidas.
Asignar a Misiones y a Jujuy los mismos recursos que a Buenos Aires, y mucho más del doble que los recibidos por Santa Fe y Córdoba, considerando la intensidad del tránsito en unas u otras provincias muestran un desatino injustificable.
Los gobernadores ya han señalado la gravedad de la situación producida por esa restricción de gastos y presentaron un proyecto de ley, sancionado en el Senado, por el cual la administración nacional pasaría a recibir un 42,98% y las provincias 57,02% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. A su vez, las provincias distribuirían el 25% en partes iguales y para el resto se aplicarían los índices de distribución secundaria de la ley de coparticipación.
Los hechos hablan por sí solos. Nuestro país no podrá salir de la crisis si, junto con una cuidadosa cultura fiscal, no se desarrolla un proyecto completo que abarque la modernización económica, la infraestructura que permite el desarrollo productivo, la generación de empleo genuino y la calidad de vida de toda la población nacional. Entre los problemas básicos que no puede desatender ningún gobierno, además de la educación, la salud y la seguridad, es vital un plan de desarrollo y modernización vial y logística. Las rutas que atraviesan el Norte grande, que están muy lejos de Buenos Aires, son esenciales para el desarrollo productivo y social de la región y piezas clave para la conexión con Brasil, Paraguay, Bolivia y los puertos de Chile sobre el Pacífico.
Baste tomar como ejemplo la visión de futuro que mostraron los líderes de la organización nacional quienes con los ferrocarriles abrieron "caminos de fierro", como los definía Sarmiento, un proyecto que debe servir de luminaria, más aún a las puertas de la quinta revolución industrial.