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El 27% de las personas con discapacidad que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) reside en hogares con algún grado de hacinamiento y el 7,8% vive en condiciones de hacinamiento crítico, lo que implica a más de tres personas por ambiente.
En el país hay 1.684.727 personas con CUD, equivalentes al 3,69% de la población, aunque la distribución presenta fuertes diferencias entre los distritos. La provincia de Buenos Aires concentra 678.237 casos, el 40,3% del total nacional, mientras que Capital Federal registra la mayor proporción respecto de su población, con el 5,25%.
Según el informe de la Fundación Tejido Urbano que relevó la situación habitacional de este sector de la población, advirtió que el 6,9% de las personas con discapacidad vive en hogares que carecen de servicios esenciales como agua, luz o gas, una situación que se suma a las dificultades de accesibilidad y adaptación de las viviendas.
En ese sentido, el 26,5% de los hogares donde reside una persona con discapacidad declaró necesitar reformas o arreglos vinculados con su condición, pero solo el 50,2% logró concretarlos. En CABA, el relevamiento estima que unas 30.000 personas habitan viviendas que no cuentan con las adecuaciones necesarias para su uso y movilidad.
Las dificultades no se limitan al interior de las viviendas: el 33,7% de las personas con discapacidad reside sobre calles de tierra o mejoradas, una condición que puede complicar los desplazamientos y el acceso a servicios, transporte y espacios públicos.
Aunque las personas con discapacidad constituyen un grupo prioritario dentro de la política habitacional, el acceso a una vivienda adecuada no siempre se traduce en el cumplimiento de las normas vigentes.
La Ley 26.182 establece que los planes de vivienda financiados con fondos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) deben reservar al menos el 5% de las unidades para personas con discapacidad o familias que tengan integrantes con discapacidad.
Esto significa que, de cada 100 viviendas construidas o adjudicadas mediante estos fondos, al menos cinco deben estar destinadas a ese grupo. Ese cupo busca garantizar el acceso a soluciones habitacionales y se complementa con la Ley 24.314, que establece criterios de accesibilidad para asegurar condiciones adecuadas de uso y movilidad tanto en las viviendas como en el entorno urbano. Durante el primer semestre de 2026, el relevamiento registró un cumplimiento federal promedio del 5,5%.
Salud mental y autonomía
El trabajo también abordó la relación entre discapacidad, salud mental y autonomía. Arrojó que una de cada cuatro personas con discapacidad presenta una condición vinculada con la salud mental.
Surgieron alternativas como las "viviendas de transición" o "tuteladas", que ofrecen departamentos adaptados y apoyos profesionales sin reemplazar la autonomía de quienes los habitan. Sin embargo, estos