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En estos días es masivo el reclamo de personas y familias endeudadas, muchas de ellas, morosas. Piden al gobierno medidas de emergencia que les permitan salir de una situación crítica para la economía doméstica y que, por el número de damnificados, conspira directamente contra el consumo. Y en consecuencia, contra la industria y el comercio.
Tanto el presidente como el ministro de Economía anunciaron que no van a intervenir, simplemente, porque se trata de "un acuerdo entre privados", lo que permite deducir que, una familia que tomó un crédito para una emergencia, como reparar una heladera o una cocina, o renovar el sistema de calefacción hogareña, se endeudó en forma irresponsable. Esa interpretación supone, asimismo, que los más de cinco millones de personas, con presupuestos familiares debilitados por las sucesivas crisis económicas y con diversos grados de morosidad en sus pagos pueden negociar de igual a igual con una entidad financiera.
Los datos oficiales invalidan ese supuesto. En mayo, la morosidad del crédito bancario al sector privado llegó al 7,7%, pero, mientras la mora de las empresas fue del 3,5%, la de las familias alcanzó el 12,8%.
Las dificultades para cumplir puntualmente con los vencimientos, en general, dependen de la coyuntura del mercado, en el caso de las empresas, y del escenario laboral y salarial real, para los particulares y las familias.
Y representa un problema para la microeconomía, ya que esas deudas crecientes absorben el ingreso familiar y, en consecuencia, su capacidad de consumo. Es decir, afecta a la demanda y repercute en la producción. En consecuencia, corroe progresivamente la actividad económica del país.
Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado hacerse cargo de la demanda de los endeudados, que no puede ser eludida denunciando maniobras conspirativas.
Es importante recordar que desde el año 2023, según el INDEC, se perdieron 308 mil empleos registrados. De ese total, 235 mil corresponden al sector privado y 73 mil al sector público.
Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de los salarios registra una caída real del 8,7%. Desglosando, se registra una caída del 3,6% para los salarios privados registrados y del 17,7% para los estatales. Es decir, hay razones que no dependen de las familias, y que crean necesidades reales de financiamiento al punto de transformarse en un problema de dimensión social. Las tasas resultan de una decisión del mercado financiero en la que el ciudadano de a pie no participa, pero la sufre.
Oficialmente, la tasa nominal anual de los préstamos personales promedia el 64,8%. Es decir, el doble de la inflación. Las tasas que cobran las tarjetas de crédito varían entre 77% hasta 115% anual.
Las personas que toman créditos de proveedores no financieros pagan tasas del 93% al 132% que, en los casos de mora pueden llegar al 200%.
Es decir, quien recurre al crédito, hoy, cuando los salarios no aumentan al ritmo de la inflación y con tasas de interés inimaginables en el exterior, puede llegar a encontrarse en una situación desesperante, porque el financiamiento sólo agrava el problema inicial que lo llevó a endeudarse. Gobernar es asumir todos los problemas de la sociedad y brindar a los ciudadanos seguridad en todo el sentido del término.
La actividad comercial y financiera incluye, acuerdos entre privados, con contratos celebrados dentro de la transparencia jurídica y contable, y con asesoramientos con los que no cuenta quien solicita un millón de pesos para comprar un electrodoméstico y, finalmente, termina pagando tres o cuatro millones en un año y medio.
El Estado, en cambio, está en condiciones de acordar con todo el sistema financiero la creación de sistemas de refinanciación de emergencia, con tasas compatibles con la inflación y plazos accesibles para la familia endeudada que, de ese modo, lograría una solución sin desestabilizar al mercado y sin quedar encerrado en una morosidad indefinida.