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El Gobierno consiguió avanzar en la Cámara de Diputados con dos proyectos centrales de su agenda económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas obtuvieron media sanción y fueron giradas al Senado. Los salteños votaron a favor del Gobierno.
La primera votación correspondió a la reforma del Banco Central, definida por Javier Milei como la iniciativa legislativa "más importante" de esta etapa de su gestión. El proyecto fue aprobado con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.
El texto establece como mandato principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda y busca consolidar el principio de emisión cero. Para ello, prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
También restringe el uso de letras intransferibles y establece que la entidad solamente podrá transferir al Tesoro utilidades derivadas de ganancias reales. Otro punto endurece las condiciones para remover al presidente y a los directores del organismo, para lo cual se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, defendió la reforma al sostener que busca impedir que el Banco Central sea utilizado como "una herramienta para hacer política". Aseguró que el objetivo es recuperar "un peso fuerte" y la capacidad de ahorro de los argentinos.
La oposición cuestionó la reducción de las funciones de la autoridad monetaria. Itai Hagman, de Unión por la Patria, sostuvo que el oficialismo intenta "blindar" una política económica cuyos resultados no fueron los esperados y reclamó discutir el cierre de empresas y el endeudamiento de las familias.
Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, rechazó la rigidez de la reforma y consideró que el Banco Central debe responder al interés general, al crecimiento y al desarrollo. Desde la UCR, Guillermo Agüero y Lisandro Nieri respaldaron el mandato único de preservar el valor de la moneda y la prohibición de financiar al Tesoro.
La votación en particular generó uno de los momentos de mayor tensión de la jornada. El presidente de la Cámara, Martín Menem, aceptó el pedido oficialista de votar por títulos, mientras que Unión por la Patria exigió hacerlo artículo por artículo. La discusión derivó en gritos y en el acercamiento de varios diputados opositores al estrado.
Segunda victoria
Después de aprobar la reforma del Banco Central, el oficialismo consiguió la media sanción de los cambios en la ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa reunió 139 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones.
La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Claves de la ampliación de Inocencia Fiscal
El proyecto de Inocencia Fiscal amplía el universo de personas que pueden incorporarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Hasta ahora, el acceso estaba limitado a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La reforma elimina esos topes para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Además, extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para incorporarse al régimen. Los adherentes deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal y utilizar medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. También redefine la "discrepancia significativa" que permite impugnar una declaración simplificada y reduce un 25% las multas por infracciones formales aplicadas a las pequeñas y medianas empresas.
Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, sostuvo que la reforma busca "confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos" y dejar de considerarlo sospechoso por haber ahorrado fuera del sistema durante períodos de alta inflación.