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La Justicia oficializó el embargo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente cumple la condena impuesta en la causa Vialidad.
La medida fue comunicada este jueves por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 al Registro de la Propiedad Inmueble, luego de un nuevo pedido realizado por el fiscal Diego Luciani con el objetivo de preservar los bienes alcanzados por la investigación.
El embargo se dispuso en el marco de la condena contra la exmandataria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculada a la adjudicación irregular de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.
El alcance de la medida judicial
Según el fallo emitido el pasado 12 de agosto, el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso resolvió avanzar sobre distintos bienes vinculados a las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Entre los activos alcanzados figuran propiedades cuyas acciones pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner, además de inmuebles ubicados en el complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución también incluye bienes relacionados con emprendimientos hoteleros y propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz, entre ellos el hotel La Aldea del Chaltén y otros inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos.
Un pedido por el decomiso de casi $685.000 millones
La decisión judicial responde al pedido del fiscal Luciani para garantizar la preservación del patrimonio que podría ser alcanzado por un eventual decomiso.
El monto estimado asciende a casi $685.000 millones, cifra que surge de la actualización del perjuicio económico determinado en la causa Vialidad.
La Justicia busca evitar que los bienes vinculados al expediente puedan verse afectados antes de que se resuelva de manera definitiva el cumplimiento de las medidas económicas derivadas de la sentencia.
La condena en la causa Vialidad
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La sentencia estuvo vinculada a la adjudicación de 51 licitaciones de obra pública al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, durante el período comprendido entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa investigó el direccionamiento de contratos de obra pública y derivó en una condena que luego quedó firme tras las distintas instancias judiciales.