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El Gobierno nacional comenzó a promover un salario mínimo garantizado de $1.070.000 brutos para los convenios colectivos que deberán renegociarse tras la reforma laboral. La iniciativa procura establecer una referencia superior al millón de pesos para los trabajadores registrados, pero su aplicación no será automática: dependerá del acuerdo que alcance cada sindicato con las cámaras empresarias.
La propuesta comenzó a ser comunicada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, especialmente a sectores que mantienen salarios por debajo de ese nivel, como maestranza, construcción y sanidad. Una vez alcanzado el entendimiento entre las partes, la cartera laboral deberá homologarlo.
El monto planteado para agosto equivale, según cálculos oficiales, a alrededor de $860.000 en mano. Sin embargo, no se trata de una actualización del salario mínimo vital y móvil ni de un piso general que el Estado impondrá por decreto. Es una referencia que el Gobierno pretende incorporar en las negociaciones colectivas de cada actividad.
Salarios y convenios
Esa diferencia resulta central. Mientras el salario mínimo vital y móvil funciona como una garantía legal para todos los trabajadores y también sirve para actualizar determinadas prestaciones, el salario garantizado se incorporaría a los convenios y alcanzaría solamente a quienes se encuentren comprendidos en ellos.
La negociación deberá realizarse sector por sector porque las condiciones salariales, productivas y empresariales son diferentes. Actualmente existen 446 convenios colectivos por actividad y más de 300 correspondientes a empresas particulares. Por eso, la aplicación de una misma cifra puede tener efectos distintos según la capacidad económica de cada empleador.
Ingresos bajos e inflación
Desde Trabajo sostienen que no habrá un porcentaje mensual obligatorio para las paritarias. La directiva será evitar que las recomposiciones salariales se trasladen a los precios. El planteo oficial intenta así combinar una recuperación de los ingresos más bajos con la política destinada a contener la inflación.
La iniciativa, no obstante, todavía no aparece como una política coordinada con todos los actores involucrados. Según publicó La Nación sobre la base de fuentes oficiales, la propuesta no habría sido consultada previamente con el ministro de Economía, Luis Caputo. Tampoco había sido comunicada formalmente a la conducción de la CGT.
El cotitular de la central obrera Jorge Sola afirmó que desconocía la intención del Gobierno, aunque consideró favorable cualquier medida que implique una mejora efectiva para los trabajadores. También reclamó que las paritarias funcionen mediante el libre acuerdo entre sindicatos y empleadores y no sean utilizadas como otro instrumento para moderar la inflación.
Las pymes advierten por el impacto
Desde el sector empresario, la principal advertencia está relacionada con la capacidad de pago. El piso podría elevar los ingresos en los convenios más rezagados, pero también representaría una dificultad para empresas con baja actividad, en especial las pequeñas y medianas. En otros sectores, en cambio, la cifra ya fue superada. Un empleado de la categoría "Maestranza A" de comercio, sin antigüedad y con jornada completa, percibe actualmente un mínimo de aproximadamente $1.159.000 brutos.
La discusión se abre después de meses de evolución desigual entre los distintos convenios. Un informe de la Secretaría de Trabajo señaló que, entre junio de 2025 y junio de este año, se registraron diferencias superiores a los 15 puntos porcentuales entre las actividades con mejor y peor desempeño frente a la inflación.
Durante junio, el salario promedio del empleo privado registrado cayó 0,9% en términos reales respecto del mes anterior, luego de una baja del 2,9% en mayo. De esa manera, quedó por primera vez en 20 meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una diferencia negativa del 0,6%, según el estudio oficial.
Los ingresos pactados mediante convenios colectivos mostraron un deterioro algo menor, del 0,7% real durante los dos últimos meses analizados.