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Dentro de la vorágine agresiva que desplaza al debate político de nuestros días, se va perdiendo la dimensión social de problemas estructurales que, desde hace décadas, fragmentan a la sociedad argentina. Por un momento, las polémicas sobre quién tiene la culpa deberían ceder espacio a la construcción de un proyecto de país, pensado y acordado para fortalecernos frente a las incertidumbres que presenta el futuro inmediato.
La Argentina está inmersa en un problema planetario: el creciente clima de guerra que atraviesa al mundo probablemente modifique el debilitado orden mundial; además, el vértigo tecnológico terminará cambiando antes de lo que imaginamos las relaciones de poder, la economía, el trabajo y la educación.
Por eso es alarmante el informe sobre las dificultades laborales y económicas que afrontan los jóvenes de entre 18 y 25 años, producido por el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina. El estudio abarca un espectro de alrededor de seis millones de ciudadanos, según proyecciones del INDEC.
El Observatorio viene trabajando desde hace dos décadas en el análisis de la realidad social argentina y, en coincidencia con otras entidades similares, describe la evolución de un escenario social con tendencias regresivas.
Este informe muestra que 7 de cada 10 jóvenes (unos 4.200.000 millones de personas) están inactivos, desocupados o tienen un trabajo no registrado, inestable y, muchas veces, ocasional.
En junio, una publicación del economista salteño Jorge Paz estimaba que "siete de cada diez personas en la provincia tienen serias dificultades para afrontar los gastos que demanda la vida cotidiana. No solo no llegan a fin de mes, sino que declaran que sus ingresos apenas les alcanzan para cubrir los gastos de los primeros diez días".
Son datos de la realidad. Por eso, no sorprende que solo el 14,2 % de esos jóvenes cuente con un empleo formal. El estudio señala que el 30,2% del total cuenta con un empleo regular, aunque la mitad de ese grupo se trabaja en condiciones precarias. Asimismo, el 22,5% realiza trabajos eventuales e intermitentes, o sufre un desempleo reciente; otro 10,7% lleva más de seis meses sin trabajo. El 36,6% de esos jóvenes no trabajan, aunque muchos se dedican exclusivamente al estudio. El caso más dramático es que casi el 21 % (algo más de 1.200.000 personas) no trabajan ni estudian. No basta con denominarlos peyorativamente "Ni-Ni" ni suponer que se trata de jóvenes sin voluntad de trabajo. Conforman una parte sustancial de la sociedad que no encuentra un horizonte para su vida y que transita peligrosamente en los límites de la indigencia.
El estudio muestra en su real dimensión la progresiva desigualdad de ingresos y la profundización de las diferencias sociales, especialmente, en cuanto a expectativas de vida.
Es un fenómeno mundial, y este dato, obliga a prestar más atención aún. Y se viene agudizando desde hace cincuenta años. Los cambios en los sistemas productivos, el avance de la globalización y el proceso de desindustrialización se tradujeron desde mediados de los años '70, en una inestabilidad económica comenzó a erosionar el empleo estable y formal.
En nuestro país, tras la hiperinflación (1989/91) el desempleo estructural se instaló con fuerza, hasta que el colapso de 2001 llevó la desocupación general a niveles históricos. Desde entonces, los niveles de empleo y desempleo fueron fluctuantes, al ritmo de las peripecias de la economía, pero siempre el mayor impacto lo sufrieron los que buscaban su primer trabajo y los sectores de menores ingresos. Por eso, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, en la mayoría de los casos, nacieron en hogares en los que no se conoció el trabajo digno, formal y estable. Pero esos jóvenes, sin horizonte ni expectativas de vida, verdaderos sobrevivientes, forman parte de la sociedad y, por eso, necesitan y tienen derecho a un compromiso serio, sin demagogia ni clientelismo, por parte del Estado.