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El Gobierno obtuvo la semana pasada un importante logro en el Congreso: el Senado aprobó los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quienes tendrán en sus manos varias decisiones sensibles tanto para Javier Milei como para la oposición.
Aunque hasta el viernes los pliegos de ambos seguían en el Senado, se descuenta que en el arranque de esta semana llegarán a Casa Rosada para que sus decretos de designación sean firmados por el presidente Milei y que asuman hasta el viernes próximo a más tardar. Con sus incorporaciones, la Cámara quedará con una composición más cercana al oficialismo.
Yadarola obtuvo el visto bueno por unanimidad por 66 votos, mientras que Bertuzzi fue resistido por la oposición, aunque el oficialismo se impuso junto a sus aliados por 44 votos.
En la Cámara Federal, los dos jueces se sumarán a Mariano Llorens, quien ya integra el tribunal.
El nombramiento de Bertuzzi y Yadarola busca darle dinamismo a la Sala I, que tiene intervención en varias causas de corrupción que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py.
Causa $Libra
Es una de las que más preocupa al Gobierno, ya que alcanza al presidente Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.
La Cámara tiene en sus manos una definición clave: si acepta la reincorporación de cinco inversores damnificados como querellantes o deja firme la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de apartarlos.
Los afectados son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, a quienes se les quitó el derecho a ser parte de la querella por pedido del lobbista Mauricio Novelli.
En caso de que la Cámara Federal defina dejar firme la decisión del juez, la investigación quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.
Caputo en la mira
El ministro de Economía, Luis Caputo, aguarda por medidas en dos causas que se remontan a cuando fue secretario de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri.
Por un lado, la Cámara podría reabrir una causa en su contra por el presunto cobro de US$ 19.000 por brindar asesoramiento a una empresa que adquirió bonos del Estado mientras estaba en el cargo. Si bien el juez federal Julián Ercolini lo sobreseyó, la fiscalía apeló y ahora esperan su resolución para saber si será llamado a indagatoria.
También está involucrado en la causa que investiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de US$ 50.000 millones. La jueza federal María Eugenia Capuchetti había archivado el expediente, pero la fiscalía pidió que se revea dicha decisión y se reabra.
Además de Caputo, este caso también alcanza a Macri; el exministro de Economía Nicolás Dujovne; los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Santiago Bausili y Guido Sandleris, los dos primeros con cargos en el gobierno de Milei.
YPF, los Eskenazi, las vacunas y el vacunatorio
La Cámara Federal que esta semana estrenará un cambio en el equilibrio de fuerzas tiene en sus manos causas que también involucran a exfuncionarios de la oposición y empresarios.
En julio de este año, la Cámara Federal decidió sumar como querellante a la asociación civil Integridad Republicana en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la petrolera estatal YPF y presunto sobreendeudamiento por el ingreso de la familia Eskenazi.
Esta medida permitió darle un nuevo impulso a la investigación, que llevaba unos 20 años frenada en el juzgado de Ariel Lijo. La Sala I podría tener en sus manos medidas claves para que la causa avance.
Sigman y vacunatorio
La sala que integrarán Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola interviene además en otros casos relacionados a irregularidades en la gestión del gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia por el Covid-19.
Una de ellas involucra a exfuncionarios y al empresario farmacéutico Hugo Sigman por la compra de vacunas. La misma investiga si hubo retrasos deliberados en las negociaciones con la compañía Pfizer para beneficiar a otros proveedores como AstraZeneca, cuyo activo principal era fabricado por el laboratorio mAbxience, perteneciente a Sigman.
A esto se suma la causa por el Vacunatorio VIP, sobre la aplicación irregular de vacunas en el Ministerio de Salud durante la pandemia de coronavirus.