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El Gobierno busca aprobar sin modificaciones el proyecto del denominado Súper Rigi, pero La Libertad Avanza no tiene los votos para imponer su propia versión y Patricia Bullrich tuvo que abrir una negociación con los bloques aliados para evitar que la iniciativa vuelva a trabarse en el Senado.
La situación expone una de las principales dificultades parlamentarias del oficialismo: el Gobierno pretende avanzar con una de sus principales apuestas económicas, pero su bancada reconoce que no tiene fuerza para aprobarla sin hacer concesiones.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó cambios reclamados por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial.
La negociación dejó además una señal de tensión dentro del propio oficialismo. Mientras Bullrich avanzaba durante los últimos quince días en conversaciones con los bloques aliados para reunir los votos necesarios, el equipo económico del ministro Luis Caputo, no fue consultado sobre esas modificaciones y se enteró de los cambios cuando trascendieron públicamente.
Desde el Gobierno hicieron saber entonces su rechazo a algunas de las reformas negociadas, en particular a la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas -entre ellas los mega centros de datos- cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población.
"Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes", reconoció Bullrich ante sus allegados.
El planteo adquiere mayor peso porque el Súper Rig es una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de las grandes compañías tecnológicas, las nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y los proyectos relacionados con minerales críticos.
El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud. El desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones.
La industria nacional
Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales.
El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.
Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscrita a bienes producidos efectivamente en el país.