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El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Senado sancionó el jueves 6, generó un clima de dudas y rechazos en momentos en que el sacrificio del ordenamiento fiscal comienza a sentirse con especial dureza mientras que la inflación, sustancialmente reducida, sigue notándose en el poder adquisitivo de la gente.
En un clima de fervor nacionalista, que estalló con el apoyo a la selección nacional y que se mantiene vivo en la sociedad, el texto original proponía tres cambios muy sensibles, incluso irritantes, que fueron eliminados en el curso del tratamiento parlamentario.
El capítulo sobre la Ley de Barrios Populares (RENABAP / Ley 27.453), que eliminaba financiamiento de planes sociales y facilitaba los desalojos fue retirado antes del dictamen de comisiones ante el rechazo de los senadores aliados del oficialismo, algunos gobernadores y la Iglesia.
El capítulo que ampliaba del 15% al 25% del territorio el límite de compras de tierra por parte de compañías o personas extranjeras en el país fue eliminado el día anterior al debate, también, por falta de apoyo político. Y, por la misma razón, el capítulo sobre la Ley Nacional de Manejo del Fuego, que pretendía agilizar la recuperación de terrenos incendiados para aprovecharlos en la producción.
El momento no era el más favorable para tratar una reforma que, a simple vista, no es urgente. Todas las reformas que contenía la iniciativa podrían haber sido analizadas, una por una, por el Gobierno, junto con legisladores oficialistas y opositores. Pero esto hoy parece una utopía: los diputados y senadores de la oposición se cierran absolutamente a cualquier proyecto oficialista.
A esto se refirió, en su homilía durante la celebración de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva: "Estamos ciegos cuando la mirada está empañada de prejuicios, nublada de ideologismos que hacen análisis teóricos que luego se estrellan con la realidad cotidiana que la gente sencilla y de a pie conoce muy bien porque la padece todos los días"
De hecho, y como dando la razón al prelado, el temor a la extranjerización de tierras argentinas, a los desalojos compulsivos y al abandono de los núcleos de pobreza desencadenaron una movilización pacífica cubierta de banderas argentinas, alterada por la aparición de los agitadores de siempre, que fueron duramente reprimidos, pero lograron que la manifestación genuina se dispersara.
En el recinto quedaron los artículos referidos al régimen de expropiaciones de tierras y a la agilización en los trámites judiciales de desalojo en los casos de usurpación compulsiva e ilegal, también de los inquilinos en mora.
El primero pone condiciones más estrictas para las expropiaciones que resuelva el Estado, nacional o provincial, y también para el pago de indemnizaciones, tanto en la cotización como en el pago de la indemnización.
En cambio, el temor a un "desalojo express" genera seria preocupación a los inquilinos morosos.
La morosidad de las familias atraviesa un momento crítico, no solo en los alquileres, sino también en los préstamos personales y el pago de tarjetas de crédito. El estancamiento de los salarios reales y las elevadas tasas de interés que cobran los bancos ha provocado que las deudas insuman el 25% de los ingresos familiares. La mora de las familias en préstamos o tarjetas alcanzó al 12,8% de la cartera total, un récord, según el Banco Central.
Ninguno de los temas del proyecto originario de inviolabilidad de la propiedad es irrelevante. El momento y el tratamiento debieron ser otros.
Pero para legislar sobre esos temas es necesaria, además de capacidad de diálogo y honestidad intelectual, una visión clara y actualizada del mundo del siglo XXII y un proyecto común que garantice los derechos de todos los ciudadanos, con especial cuidado con los más desfavorecidos.