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El Gobierno nacional anunció ayer que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas ilegales en la plataforma continental argentina. A diferencia de acciones previas, la Casa Rosada anticipó que las medidas judiciales buscarán imputar directamente a directivos, gerentes y administradores de las firmas involucradas por violar la Ley 26.659, la cual prohíbe la exploración sin autorización previa del Estado argentino.
A través de un comunicado firmado por el presidente Javier Milei, la Oficina del Presidente confirmó que "el Estado nacional sigue y seguirá avanzando en aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía". La resolución implica la apertura de nuevos expedientes y la ampliación de causas existentes para individualizar las responsabilidades penales de quienes tomaron las decisiones corporativas.
A la par de la vía judicial, el Ejecutivo avanzó con procesos sancionatorios administrativos contra otros 15 actores vinculados al desarrollo petrolero en el archipiélago. Entre los sancionados figuran la israelí Shlomo Eliahu Holdings Ltd. accionista de Navitas Petroleum LP en el proyecto Sea Lion y cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC radicados en el Reino Unido, Mónaco e Israel, como Aberdeen Group PLC y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. La nómina incluye además a ejecutivos de la firma Eco y a proveedores de infraestructura como Bluewater Energy y Noble Corporation UK Ltd.
De esta manera, el universo de personas humanas y jurídicas investigadas asciende a 60 sujetos. Las empresas y directivos involucrados quedarán excluidos de realizar acuerdos con el Estado, no podrán adherir al RIGI ni acceder a beneficios fiscales, quedando al margen de proyectos estratégicos como el desarrollo de Vaca Muerta.