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El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezaron ayer una visita de trabajo a Ushuaia para recorrer el predio donde se construirá la Base Naval Integrada, una obra considerada estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios evaluaron las características del terreno y los desafíos logísticos que demandará el proyecto. La visita se produjo en un contexto de renovadas tensiones con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.
Quirno y Presti también mantuvieron una reunión institucional con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza. Según fuentes oficiales, durante el encuentro se analizaron los alcances de la iniciativa y el mandatario provincial manifestó su disposición a colaborar.
"Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía", expresó Melella en su cuenta de X.
El gobernador remarcó que Tierra del Fuego impulsa desde hace más de 40 años la construcción de la Base Naval Integrada y el desarrollo de un Polo Logístico Antártico.
Después de la reunión, los funcionarios nacionales se trasladaron hasta el predio y participaron de una exposición de la Armada Argentina sobre las principales características de la obra.
Quirno sostuvo que el proyecto responde a una instrucción del presidente Javier Milei para coordinar el trabajo de las diferentes áreas del Estado en la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección antártica y la revalorización de los activos estratégicos nacionales.
La Base Naval Integrada fue concebida como un polo logístico y operativo para el Atlántico Sur. También deberá brindar apoyo a las actividades argentinas en la Antártida y contribuir al desarrollo de investigaciones científicas en la región.
Durante el encuentro, el oficialismo destacó además la participación de Urquiza en la sesión de junio del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, donde la Argentina recibió un nuevo respaldo a su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
En paralelo, 27 diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para exigir al Gobierno que informe dónde se encuentra y restituya a la exhibición pública una bandera argentina que flameó en las Islas Malvinas durante el Operativo Cóndor de 1966.
La enseña permanecía expuesta en el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada, pero fue retirada en febrero de 2025. En ese momento, el Gobierno explicó que sería sometida a tareas de restauración y conservación. Sin embargo, de acuerdo con los legisladores, todavía no se informó oficialmente su ubicación, estado ni la fecha prevista para su restitución.
Cancillería coordinará todas las gestiones
El Gobierno creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior, que estará bajo la coordinación de la Cancillería y centralizará la información sobre las actividades internacionales de los organismos nacionales.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 983/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial. El nuevo sistema tendrá como finalidad garantizar que las gestiones externas de la Administración Pública Nacional sean coherentes con los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo.
Los organismos deberán informar a la Cancillería sobre reuniones, comunicaciones, negociaciones o actividades con autoridades extranjeras, entidades internacionales y otros sujetos del derecho internacional que puedan comprometer la posición oficial argentina o incidir en negociaciones diplomáticas.
La obligación también alcanza a las gestiones relacionadas directa o indirectamente con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares.
Además, deberán comunicarse las negociaciones de acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención y otros instrumentos que puedan tener consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas para el país.
Quedarán exceptuadas las gestiones ante organismos financieros internacionales y bancos multilaterales cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras.