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La Justicia Federal de Río Grande ordenó ayer a dos empresas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan de iniciar o continuar obras en la zona del archipiélago.
Se trata de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, compañías que fueron alcanzadas por la decisión dictada por la jueza federal Mariel Borruto y que alude a perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
La magistrada hizo lugar a la medida cautelar presentada por un excombatiente de la guerra de Malvinas, en medio de las denuncias que activó el Gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan allí.
"Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores", precisa el fallo entre los reclamos a las dos compañías.