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El Gobierno nacional y los gremios docentes y no docentes universitarios no alcanzaron un acuerdo en la última reunión paritaria realizada ayer en el Palacio Pizzurno, por lo que los sindicatos anunciaron una profundización del plan de lucha. La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba) y la Asociación del Personal de la UBA (Apuba) resolvieron impulsar una medida de fuerza escalonada de 23 días, que se extenderá entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.
Las jornadas de paro se realizarán de manera rotativa, acompañadas por actividades de visibilización. Además, los gremios convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.
El principal punto de desacuerdo sigue siendo la cuestión salarial. El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, mantuvo una propuesta de aumento del 3%, que fue rechazada por unanimidad por las asociaciones sindicales, entre ellas la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).
Los gremios reclaman una recomposición cercana al 32% para recuperar el poder adquisitivo y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A pesar del rechazo sindical, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, confirmó que el Gobierno otorgará el incremento salarial y argumentó ante la Justicia que de esta manera cumple con las medidas cautelares vigentes.
El conflicto también se trasladó al Congreso, donde los rectores reclaman que el Presupuesto 2027 contemple mayores recursos para las universidades. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita una partida de 11 billones de pesos, frente a los 7,3 billones previstos en el proyecto oficial.
En paralelo, el Frente Intersindical Universitario y las federaciones docentes y no docentes ratificaron su plan de lucha y reclamaron, además, la actualización de las becas estudiantiles y mayores fondos para garantizar el funcionamiento de las instituciones durante el próximo año.
El CIN y agrupaciones estudiantiles advirtieron que, si se mantiene el nivel de financiamiento previsto para 2027, podría verse afectado el inicio del próximo ciclo lectivo.