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El Gobierno defendió el artículo del proyecto de Ley de Soberanía Nacional vinculado a Malvinas que propone penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes realicen campañas de desinformación masiva financiadas o impulsadas por actores extranjeros. La iniciativa generó cuestionamientos de la oposición y especialistas por posibles riesgos para la libertad de expresión.
Fuentes de la Casa Rosada, publicó La Nación en su web, sostuvieron que el objetivo del apartado no es sancionar publicaciones periodísticas ni opiniones, sino crear herramientas contra operaciones de influencia extranjera que busquen alterar procesos electorales o manipular a la opinión pública.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo plantea modificar el artículo 225 bis del Código Penal para castigar a quien, "por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero", realice actividades que "alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva".
Desde el Gobierno argumentan que la legislación actual no cuenta con instrumentos suficientes para actuar frente a esas situaciones. "No es que el Estado va a penar si una nota es desinformación o engañosa, queremos protegernos de la influencia externa", señaló una fuente oficial.
Además, remarcaron que para aplicar una sanción deberá demostrarse judicialmente la existencia de una campaña organizada, financiada y coordinada por un actor extranjero.
El artículo generó críticas de sectores opositores y constitucionalistas, quienes advirtieron sobre la amplitud de la redacción y la posibilidad de que pueda utilizarse como una herramienta de persecución política. Desde el oficialismo sostienen que el texto puede ser perfeccionado durante el debate legislativo.
A la polémica se sumó ayer el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los impulsores del proyecto, quien afirmó que "no hay un solo renglón" de la iniciativa que atente contra la libertad de expresión.