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El proyecto de Presupuesto 2027, para cuya aprobación el Gobierno nacional necesita un acuerdo con sus aliados, incluidos los gobernadores, ha ingresado en una etapa de intensas negociaciones.
El presidente Javier Milei se mantiene firme en el criterio de preservar, a toda costa, el equilibrio fiscal, lo cual se traduce en una reducción severa del gasto previsto en el presupuesto. Durante décadas, el gasto público efectuado por encima de los ingresos superó, en muchos casos, ampliamente las necesidades reales porque se utilizó para financiar la política.
En estos días, dos temas introducidos sorpresivamente en el Presupuesto han producido una reacción adversa, incluso entre los propios aliados: la reducción de los recursos para paliar la emergencia universitaria y las urgencias de las personas con discapacidad.
El conflicto universitario es de larga data y ha complicado a muchos gobiernos. En el proyecto en tratamiento se plantea una brecha de $3,7 billones entre los $7,3 billones asignados por el Gobierno y los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las universidades afirman que la cifra solicitada contempla la recomposición salarial, los gastos de funcionamiento, la ciencia y las becas necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el Ejecutivo argumenta que sus partidas cubren la inflación proyectada. Es cierto que, desde la "estanflación" producida entre la salida del gobierno de Alberto Fernández y la llegada de Milei a la Presidencia, los salarios no recuperaron plenamente el poder adquisitivo.
De hecho, la reacción de los gremios y de los estudiantes promete ser enérgica y contar con un fuerte apoyo ciudadano. El acceso a la educación pública en todos sus niveles es un valor consolidado en la sociedad argentina. Además, es una necesidad insoslayable para cualquier proyecto de país que se proponga el progreso económico, la actualización tecnológica de la producción y los servicios y, sobre todo, la calidad de vida de todos los argentinos.
Por otra parte, el financiamiento universitario y las garantías para mantener el poder adquisitivo de las pensiones por discapacidad están amparados por ley y ratificados por la Justicia. Todo indica que habrá negociaciones y acuerdos, porque la actual situación compromete la suerte de todo el proyecto.
Por lo pronto, el texto presupuestario tomó por sorpresa a los oficialistas Martín Menem y Patricia Bullrich, ya que incluye modificaciones drásticas no informadas en el área de Discapacidad.
Ese texto no consensuado, que sería reemplazado por el Gobierno, imponía el concepto de invalidez laboral para acceder a la Pensión No Contributiva, fijada en el 70% del haber mínimo; eliminaba el Certificado Único de Discapacidad como trámite directo y dejaba las exigencias sujetas a la reglamentación del Ejecutivo; vetaba la posibilidad de trabajar en blanco de forma simultánea y suprimía el arancel único del Nomenclador nacional para delegar las cifras en cada obra social, provincia o empresa prepaga.
Es evidente que ninguna sociedad democrática se construye sin un plexo legal que garantice los derechos de todos los habitantes del país.
La discapacidad, en cualquiera de sus formas, requiere una esmerada atención por parte del Estado y sus agentes. Las personas con limitaciones de cualquier índole o grado necesitan de un Estado que les garantice la asistencia sanitaria, las posibilidades laborales y, por supuesto, una pensión que cubra sus necesidades vitales.
Y la realidad social de nuestro país indica que el Estado está en deuda con las personas con discapacidad, pero también con los jóvenes que aspiran a acceder a la formación universitaria. Los indicadores de ingresos por familia son elocuentes: la inmensa mayoría de los hogares no está en condiciones de financiar la formación superior de sus hijos.
En ninguna sociedad contemporánea el Estado puede ser financista de la política y el dispendio, pero, si se ausenta de la atención de la calidad de vida de todos los ciudadanos, ese será el preludio de la decadencia.