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El Gobierno aprobó un plan de acción para trasladar las obras en curso en barrios populares a provincias o municipios tras el freno judicial a la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu).
La decisión se instrumentó ayer mediante la Resolución 209/2026, publicada en el Boletín Oficial, e implica que los gobiernos locales se hagan cargo del financiamiento total de las obras con fondos propios.
El plan establece que se dará curso a las obras en ejecución según el margen de disponibilidad presupuestaria del área y la ejecución requerirá la participación, acuerdo y coordinación previa con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
Ante irregularidades del ente ejecutor o del contratista, la normativa dispone que se verificará si se aplicaron correcciones. De persistir las faltas, se gestionará el recupero de los fondos aportados y se podrá resolver el convenio por culpa del ejecutor.
Asimismo, se notificará a las provincias o municipios para que evalúen asumir la obra sin asistencia financiera del Estado nacional. Al respecto, se dispuso que de no mediar incumplimientos o habiendo sido subsanados, se analizará la viabilidad de que la provincia, el municipio u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra con recursos propios.
En caso de que los gobiernos locales rechacen o no puedan asumir el costo, la continuidad con fondos nacionales se determinará de forma "restrictiva y fundada", evaluando tres factores: el grado de avance físico de la obra, el interés público comprometido y los costos de ejecución junto con la disponibilidad de recursos presupuestarios.